El diputado general de Gipuzkoa y el alcalde de San Sebastián, citados a declarar por el caso Bidegi
Los máximos representantes de Gipuzkoa y San Sebastián han estrenado su cargo con una citación judicial. El diputado general de Gipuzkoa y el alcalde de San Sebastián, ambos del PNV, han sido citados a declarar como testigos en el caso Bidegi. El juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha admitido a trámite la segunda querella presentada por el anterior gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa, por lo que Markel Olano y Eneko Goia deberán acudir a prestar su testimonio en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el pago de las obras del túnel de Arlaban de la AP-1.
En concreto, el auto admite la querella por malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y encubrimiento. Además el juzgado ha citado a declarar como imputados a tres excargos de Bidegi: el director técnico en 2011 de esta sociedad pública que gestiona las carreteras de Gipuzkoa, Agustín Zugasti, la responsable técnica Mirari Azurmendi y la administradora Silvia Armenteros.
También tendrán declarar como imputados el gerente de la UTE Arlaban, que ejecutó los trabajos, José Manuel Vacas, y el responsable de la Ingeniería Euroestudios, que ejerció la dirección técnica de las obras, Juan Francisco García. El próximo 26 de octubre tendrán que acudir también al juzgado el recién elegido alcalde de Lazkao por el PNV Felix Urkola, que ocupaba el cargo de director de Gestión y Planificación del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación, el exdirector de Carreteras Luis Mari Apraiz, y el exjefe del servicio de Obras Públicas de la Diputación de Álava, Miguel Ángel de Landaluce, entre otros.
De esta manera el juzgado responde a la querella interpuesta el pasado mes de mayo por el anterior equipo de gobierno de Bildu. En la misma se solicitaba la imputación de Zugasti, Azurmendi, García, Armenteros y Vacas. Además se pedía que se citara como testigos a Olano y Goia por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros en la construcción de la autopista AP-1.
Larraitz Ugarte, portavoz en la institución foral en la pasada legislatura, señaló entonces que se había detectado el pago por trabajos no realizados en el túnel de Arlaban por un valor de 8,3 millones, mientras que se habían abonado otros 8,8 millones por obras que ya habían sido pagadas por la Diputación de Álava.
Esta fue la segunda querella que presentó el gobierno foral de Bildu por Bidegi, tras la planteada en noviembre de 2014, relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en otro tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la institución foral calculó un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
