La madrugada del 24 de julio de 2021, dos vehículos diplomáticos de la Embajada sueca en Guatemala trasladaron a Juan Francisco Sandoval a la frontera con El Salvador. El hombre que había liderado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad durante seis años salía del país, a la fuerza, horas después de que la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, anunciara su destitución.
Durante su gestión, el fiscal había investigado y destapado decenas de casos de corrupción. Se convirtió en un funcionario incómodo para las estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco. Tras su despido, Sandoval denunció en una conferencia de prensa que Porras Argueta había obstruido varios expedientes, que podrían involucrar a altos funcionarios del Gobierno, del Congreso y de la Justicia del país.
El exfiscal sospechaba que, después de esos señalamientos públicos, la fiscal general podría tomar represalias y no se equivocaba. Un mes después de su salida de Guatemala, fue emitida la primera orden de captura en su contra. Luego vendrían otras cinco más.
Esa madrugada de julio, a Sandoval le acompañaron varias personas para cerciorarse de que llegara seguro a la frontera. Entre ellas estaba Jordán Rodas, que entonces era procurador de los Derechos Humanos (el defensor del pueblo de Guatemala). Un año después, Rodas terminaría sus cinco años al frente de la institución, durante los cuales cuestionó muchas de las acciones de funcionarios, de diputados y de los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Por ello, recibió amenazas. Le habían advertido de que al dejar su cargo comenzarían las acciones en su contra y tendría que irse del país. Así fue.
Los dos exfuncionarios guatemaltecos están hoy en el exilio, al igual que decenas de fiscales, jueces, magistrados, abogados, activistas y periodistas que se han visto obligados a marcharse de Guatemala para garantizar su seguridad y libertad. Tras una gira por Euskadi, organizada por Lumaltik Herriak, hablan con elDiario.es de su experiencia y sus demandas al Gobierno de Bernardo Arévalo de León, que cumplió esta semana cien días en el cargo.
Sandoval lleva casi tres en el exilio y Rodas va para dos. ¿Cómo ha sido el proceso de desarraigo?
Juan Francisco Sandoval: Es complicado. Sobre todo el tema de la supervivencia. Algunos compatriotas y organizaciones internacionales nos han apoyado con trabajos temporales, para ir subsistiendo. La incertidumbre de no programar algo a largo plazo es complicada.
Y después, obviamente, el tema emocional. La distancia, la separación. Eso es lo más difícil. En algún momento, el hecho de que diariamente estuvieran lanzando noticias con el propósito de desprestigiarme era otra carga.
Jordán Rodas: Uno de los factores comunes que tenemos los exiliados es la incertidumbre. Vivimos el día a día. Yo llevo un año y ocho meses de exilio. El primer año fue fundamental el respaldo del gobierno vasco, que me permitió tener una estabilidad. Para afrontar todo esto, cada quien lleva la procesión por dentro de distinta manera. Pero hay algo común: lo difícil que es hacer frente a la lejanía de la familia, de los amigos, porque no es lo mismo el exilio a que tú decidas irte voluntariamente.
Nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra libertad no está garantizada en Guatemala. El poder judicial está cooptado por las mafias.
Desde enero de este año, hay un nuevo escenario en Guatemala con un Gobierno progresista, pero el sistema de justicia sigue siendo el mismo y la fiscal general, Consuelo Porras, continúa en el cargo. ¿Qué esperanzas hay de que la situación en Guatemala cambie?
J. F. S.: Bernardo Arévalo tiene que tomar alguna decisión, aunque eso le ponga en riesgo. Tiene que dar el paso de destituir a Consuelo Porras. Eso va a iniciar una guerra en el ámbito judicial. Va a poner contra las cuerdas a la Corte de Constitucionalidad que, seguramente, como lo ha hecho hasta ahora, legitime todas las acciones de Consuelo Porras. Pero este es un momento interesante: va a empezar el proceso de selección de Altas Cortes [unas comisiones proponen al Congreso los candidatos a magistrados de la Corte Suprema y las cortes de apelaciones]. Entonces Bernardo Arévalo deberá definirse. Es un gobernante progresista, distinto a otros, pero no se puede gobernar en un país en el que los otros organismos del Estado no siguen las reglas de la ley. Por el contrario, están viendo cómo dinamitan el ejercicio del Gobierno.
J. R.: La comunidad internacional no se debe relajar, dar por sentado que cambió el Ejecutivo y que ya todo es miel sobre hojuelas. No, es cuesta arriba. Pero necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional, porque no somos una isla.
No podemos dejar de mencionar la movilización de los pueblos originarios, las autoridades ancestrales que hoy más que nunca están empoderadas. Son los aliados naturales de Arévalo. Ellos salieron a las calles por más de 100 días y estuvieron manifestando para lograr que asumiera [el cargo]. Ahora es cuestión de dirigir sus políticas públicas para los más marginados y olvidados. Lógicamente, Arévalo no tiene una varita mágica, pero sí tiene que dar señales claras de un cambio de rumbo. No se puede andar con medias tintas.
Merecemos y necesitamos una justicia independiente. La fiscal general y otros fiscales y jueces corruptos han sido sancionados por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Canadá…
Desde que tomó posesión, Bernardo Arévalo ha sido señalado por su tibieza porque no ha pedido directamente la renuncia de la fiscal general, aunque recientemente el Gobierno presentó una consulta al Tribunal Constitucional para que defina si Consuelo Porras es o no una persona idónea. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
J. F. S.: En un primer momento, Arévalo optó por la convivencia pacífica. Pero ya en el ejercicio del cargo lo que pudimos ver es que es imposible. No existe día en que la fiscal general no esté pensando en dejar mal al Gobierno. El trabajo de la Fiscalía debería ser otro, no estar boicoteando la gobernanza. Todos los días los tribunales de justicia y la Corte de Constitucionalidad están poniendo obstáculos al Ejecutivo.
La vía no es una opinión consultiva, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Tampoco es una denuncia, porque quien tendría que investigar es la misma persona que está poniendo obstáculos al Gobierno y protegiendo actores corruptos.
Claro, no es lo mismo que yo se lo diga desde acá, desde afuera, desde la comodidad de la crítica, a quien tiene que estar en medio de todo gobernando. Pero en todo caso, yo creo que el presidente de la República está en disposición de afrontar estos retos. Sabía que el camino iba a ser muy difícil.
J. R.: También es oportuno mencionar a un actor importante: el sector privado organizado. Las principales cámaras empresariales le han dado oxígeno político a gobiernos corruptos como los de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Son los que han mantenido el status quo judicial, porque les conviene tener una Justicia a su merced, donde ellos deciden quién es la fiscal, donde tienen a los magistrados de las Altas Cortes… y eso debe cambiar.
¿Ya han hablado con Arévalo, desde que asumió su cargo?
J. F. S.: Quienes estamos en Washington DC hemos hablado con el presidente y con otros funcionarios del Gobierno. Puedo ver esa apertura del Gobierno y la disposición de atender las necesidades que tenemos. Existe, creo, una identificación por el hecho de que Bernardo Arévalo haya sido fruto del exilio del expresidente Juan José Arévalo. Creo que no puede ofrecernos más de lo que él puede hacer. Sería una mentira total que nos dijera: “Ya mañana pueden retornar a Guatemala”.
Los dos tienen órdenes de captura vigentes en su contra en Guatemala. ¿Cómo ven las posibilidades de regreso?
J. F. S.: En este momento, es muy difícil. Yo podría tener 20 órdenes de captura, pero sé que son procesos espurios, inventados. Se tienen que caer. Existen colegas que no tienen órdenes de captura, pero están denunciados y no tienen garantía de estar en Guatemala en esas condiciones.
La solución al exilio pasa por tratar de reformar el sistema de justicia y por la salida de Consuelo Porras, que es impostergable. Que se elija a magistrados comprometidos con la justicia. Cuando un funcionario público asume su deber, su compromiso debería de ser con la Constitución y las leyes. Pero en la práctica tratan de cumplir con compromisos que tienen con actores corruptos.
El hecho de que el Gobierno haya requerido a la Organización de Estados Americanos la instalación de un mecanismo de observación de Altas Cortes dice mucho de la importancia que tiene el sistema de justicia. Se habla de injerencias, cuando en realidad lo único que se está pidiendo es que una misión de la OEA se instale en un organismo del que forman parte Guatemala y otros 34 países del continente americano para realizar una labor de monitoreo.
J. R.: Es fundamental que se mantenga la preocupación de la comunidad internacional sobre el tema de los exiliados. Sería importante que Bernardo Arévalo dé a conocer si tiene alguna estrategia al respecto. Hay que ser creativo, si se tiene voluntad real de que retornemos. Podemos aportar mucho aún al país, desde la visión de Justicia como fiscales, magistrados, exjueces y periodistas, que también han tenido que salir.
Tras su salido de Guatemala, Sandoval, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ha sido liderada por Rafael Curruchiche, un fiscal que ha iniciado casos en contra de periodistas, activistas, investigadores anticorrupción… ¿Qué balance hace después de estos tres años?
J. F. S.: Rafael Curruchiche ha hecho un trabajo mediocre, vengativo, con cero rigor jurídico y nada de tecnicismo en las actuaciones en los tribunales de justicia. El deterioro es total.
Periódicamente realizo un inventario, porque creo que la labor que nos queda es ir documentando los casos en los que han favorecidos a actores corruptos, para cuando tengamos acceso a un verdadero sistema de justicia en Guatemala o en otra parte del mundo. Mire, tengo documentados una cantidad de casos donde la nueva FECI solo se ha preocupado de ver si hay algún error que se haya cometido antes [durante la gestión de Sandoval] y magnificarlo. No se ha preocupado de perseguir a los verdaderos responsables de los hechos.
En su caso, Rodas, tras dejar el cargo como defensor del pueblo, Alejandro Córdova le sustituyó. Él fue quien presentó una denuncia en su contra que le impidió participar en las elecciones de 2023 como candidato por el Movimiento de la Liberación de los Pueblos. ¿Cómo ve a la Procuraduría de Derechos Humanos bajo la gestión de Córdova?
J. R.: Podríamos decir que hay un silencio cómplice. Él está en una actitud complaciente, que le cae bien al sistema porque no hace recomendaciones, no se pronuncia, no presenta recursos de amparo… No hace nada y encima le incrementan el presupuesto.
Otro asunto que creo que no tenemos que dejar de mencionar es el tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la única universidad pública del país, maneja un 5% del presupuesto nacional, tiene iniciativa de ley y presencia en 50 instituciones del Estado e, incluso, llega a tener a un magistrado titular y un suplente en la Corte de Constitucionalidad. Es importante recuperarla. Hoy por hoy, esta universidad tiene un rector ilegítimo. Ya el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó como un actor corrupto, no democrático.
De hecho, en los últimos años el Departamento de Estado de EEUU ha ejercido una presión sobre funcionarios guatemaltecos a los que califica de corruptos, a través de la llamada “lista Engel”. ¿Prevén un cambio de rumbo si Donald Trump lograra recuperar la presidencia?
J. F. S.: La perspectiva de un eventual gobierno republicano es preocupante. El actual Gobierno de Estados Unidos ha arropado al de Bernardo Arévalo pero, en 2016, que Donald Trump ganara la presidencia tuvo consecuencias muy graves para Guatemala.
La situación que estamos viviendo de exilio tuvo su génesis en aquel gobierno de Trump, que le puso presión a Guatemala en distintos asuntos. Quitó el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad, al esquema anticorrupción, apoyó y respaldó al gobierno de Jimmy Morales… Teniendo este antecedente, yo lo veo con preocupación.
J. R.: Los gobiernos conservadores de derecha tienen un discurso de doble moral con el tema de la agenda antiglobalista en política exterior. Jimmy Morales, por ejemplo, trasladó la Embajada de Israel [de Tel Aviv] a Jerusalén, como un guiño a la política norteamericana. Lo que tiene que tener claro el Gobierno estadounidense, ya sea demócrata o republicano, es que lo importante aquí es que la institucionalidad prevalezca.
Existen riesgos de un cambio, pero ahí se tiene que ver que la corrupción y la impunidad generan migración. Y Estados Unidos no podría con un nuevo gobierno autoritario corrupto, con la justicia tomada, porque después hay consecuencias. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en la política exterior de Estados Unidos y la Unión Europea tendría que acompañar muy de cerca el proceso de la elección de Cortes y nuestro regreso a Guatemala como exiliados.
El gobierno de Suiza acaba de anunciar sanciones en contra de cinco funcionarios guatemaltecos por intentar impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León. ¿Creen que España debería de tomar más medidas contra actos de corrupción por parte de funcionarios guatemaltecos?
J. R.: El anterior embajador de España en Guatemala (José María Laviña Rodríguez), más que un embajador parecía un operador de las grandes empresas españolas. Se desmarcó de pronunciamientos del G-13, el grupo de países que manifestó su preocupación por la situación de la Justicia en Guatemala. España e Italia se desmarcaron. En el caso de Italia, con un gobierno conservador, no causó sorpresa, pero España debería ser coherente en Guatemala. Estar atentos a la política exterior y no ser complacientes. Jugar un papel protagónico.
J .F. S.: Un par de días antes de mi salida de Guatemala yo tuve una reunión con los embajadores de la Unión Europea, pero el embajador español parecía como si yo fuera su enemigo, me cuestionaba... Me llamaba mucho la atención porque era una posición totalmente contraria a la que tenían los otros embajadores europeos.
¿Qué más creen que debería hacer el Gobierno de España?
J .F. S.: La Unión Europea es un actor muy importante, pero creo que con respecto a las situaciones de Guatemala y de América Latina, España es el país que tiene los vínculos históricos desde todas las perspectivas. Debería de abanderar y liderar acciones con respecto a Guatemala, por esa cercanía.
J. R.: España tendría que ser nuestro aliado natural. Además, ahora ya se puede aplicar el acuerdo de libre asociación entre la Unión Europea y Centroamérica en cuestión de derechos humanos. Podría ser una herramienta para imponer sanciones económicas a aquellas empresas que fomenten el autoritarismo y la persecución a los exiliados. Estas empresas exportan sus productos a Europa, pero son cómplices de políticas judiciales que limitan nuestros derechos humanos. Esperamos que la comunidad internacional no baje la guardia respecto a Guatemala.