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La Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern balear ha cesado este miércoles al director general de Coordinación y Transparencia, Jaume Porsell (PP), tras conocerse los resultados de la inspección realizada por el Consell de Mallorca, que ha constado que el alojamiento turístico incumplía los requisitos de declaración responsable, es decir, que Porsell mintió al pedir la licencia de su polémico negocio.
El Consell Insular, organismo que tiene las competencias en materia turística, ha levantado acta de inspección al agroturismo de Jaume Porsell, acusado de comercializar un alojamiento turístico sin licencia. Inspectores de turismo de la institución insular visitaron el agroturismo de Sa Vinya, situado en el Port d’Andratx, y levantaron acta al comprobar que el negocio había incumplido los requisitos de la declaración responsable, documento preceptivo para iniciar la actividad.
José Marcial Rodríguez (PP), conseller insular de Turismo, ha informado sobre ello en una comparecencia en el salón de plenos del Consell dentro de una comisión informativa, en la cual solo ha participado la oposición. Rodríguez, sin embargo, ha negado cualquier trato de favor hacia el establecimiento vacacional, acusado de haber comercializado sus 14 plazas de forma irregular. “Nosotros conocemos nombres de establecimientos, no estamos en una clasificación de ciudadanos. Con todos hay las mismas actitudes y se hace el mismo procedimiento”, ha defendido el conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca.
En este sentido, Rodríguez ha recalcado que la empresa presentó una declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) el 23 de septiembre de 2023. Mediante este documento, bajo responsabilidad del interesado, el negocio asegura tener todos los papeles en regla para empezar a operar. No obstante, no fue así, ya que el departamento de ordenación detectó que faltaba documentación, de modo que no se pudo inscribir al agroturismo con número de matrícula en el Registro Oficial de Empresas Turísticas. Debido a ello, se le hizo un requerimiento a la propiedad a través de una llamada. “Como se hace normalmente en cualquier otro caso”, ha defendido Rodríguez.
Entre los documentos que se le pedían, destaca el certificado de compra de plazas, licencia de actividad del Ajuntament de Sóller y cambio de uso aprobado -para poder ejercer como agroturismo-. El 3 de octubre presentó la compra de plazas y el 1 de diciembre el certificado con el primer plazo pagado. Desde entonces, el Consell de Mallorca “mantiene abierto el expediente, en cola, y en riguroso orden de entrada”. Después de que Diario de Mallorca desvelara el caso, el Consell de Mallorca envió una inspección, según Rodríguez, ya que la normativa “permite saltarse la cola cuando el asunto adquiere una relevancia mediática”.
Asimismo, el conseller insular de Turismo ha remarcado que antes de que se realizara la inspección se hizo un intento de reserva “que no se podía hacer”. Cabe recordar que en el momento en que salió a la luz el caso no se podían hacer reservas, aunque Diario de Mallorca sostiene que sí era posible hacerlo anteriormente. “No se puede reservar, es imposible. Creo que están los precios, pero la página está bloqueada”, aseguró Porsell.
Es la misma explicación que dio Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. “Puede que se pudiera reservar, lo desconozco, pero no se podía pagar ni un euro. Por lo tanto, si en un momento dado se hace una reserva pero después no está operativo, lo que hay que hacer es cancelar la reserva al no estar operativa”, afirmó Costa. Según el portavoz del Govern, el agroturismo no había facturado “ni un solo euro” dado que Porsell estaba, en esos momentos, “esperando los correspondientes permisos”.
En cualquier caso, en la inspección posterior, se comprobó que el establecimiento “no cumplía con los requisitos cuando se presentó la DRIAT, por lo que se insta a un acta, que en su momento dará traslado a sanciones”. Ahora, Porsell tiene plazo para presentar la documentación que falta -el cambio de usos aprobado y licencia de actividad del Ajuntament-, ha señalado Rodríguez. Según el conseller insular de Turismo, serán los técnicos quienes “determinen el alcance” del expediente.
La oposición pide abrir un expediente por “fraude”
Los portavoces de la oposición del PSOE y MÉS per Mallorca han considerado insuficientes las explicaciones del conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, y han anunciado que instarán al Consell de Mallorca a abrir un expediente a Jaume Porsell, antiguo director general de Coordinación y Transparencia del Govern, por “falsedad documental” y “fraude a la administración”.
“El gobierno de Llorenç Galmés (PP) ha reconocido las irregularidades cometidas y ahora no puede mirar hacia otro lado”, ha considerado Jaume Alzamora (MÉS), que entiende demostrado que “Porsell actuó con mala fe y con el intento de defraudar a la administración”. La oposición ha señalado que la vivienda con piscina, en suelo rústico, no ha tramitado el cambio de uso a agroturismo; y ha sugerido que el Consell esperaba a que el Govern “legalizara las obras con la amnistía urbanística”, en palabras de Alzamora, que ha destacado que Porsell “iba en la candidatura de Llorenç Galmés”.
Otro de los principales argumentos de la oposición es la existencia de señales de tráfico que indican la existencia del agroturismo. El portavoz de El PI, Toni Salas, se ha preguntado “cómo es posible” que se colocara una señal oficial para un establecimiento que todavía no estaba en marcha. Igualmente, la oposición ha puesto el foco sobre la compra de plazas teniendo en cuenta la moratoria en vigor.
Catalina Cladera (PSOE), portavoz socialista, se ha preguntado si hubo “falsedad documental” en su adquisición: “No entendemos cómo es que Porsell podía comprar plazas turísticas si la edificación que tenía estaba catalogada como una vivienda, porque no disponía del cambio de uso tramitado”. PSOE y MÉS han reprochado a Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, que no “dé la cara” y han lamentado que el PP “ha vuelto a gobernar para demostrar que siempre son corruptos”. Cladera ha resaltado asimismo la ausencia de Vox, sugiriendo que no quiere verse salpicado.
Núria Riera (PP), portavoz de los conservadores, ha defendido que la actuación del Consell de Mallorca ha sido “impecable” y que se ha actuado “con contundencia y rapidez”, valorando la “transparencia” de la institución por informar. “Se tramitará el expediente con todas las garantías, tenga el apellido que tenga”, ha subrayado.
Un pasado polémico
Tras conocerse la inspección del Consell Insular, la Conselleria de Presidencia ha decidido cesarle, pero ha resaltado que desde el pasado 1 de agosto de 2023 “no es administrador de la sociedad gestora del establecimiento Sa Vinya”. Además, ha añadido que el servicio de inspección turística del Consell de Mallorca ha constatado que el establecimiento “no tiene actividad ni se comercializa”.
Porsell, ex alcalde de Andratx, ya estuvo en el foco de la polémica tras haber sido imputado a raíz de un presunto desvío de fondos públicos desde el ayuntamiento mallorquín de Andratx hacia la Fundació Illes Balears, propiedad del expresidente del Govern Gabriel Cañellas (PP), so pretexto de gestionar el conocido Castell de Sant Elm por 90.000 euros anuales.
La causa fue finalmente archivada. Sin embargo, tal y como aprobó el entonces equipo de gobierno del municipio, formado por PP y CxI, el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de los 6.000 euros que le costó a Porsell su defensa en el juicio celebrado por estos hechos.
Sobre la Fundació de Cañellas, una moción presentada en 1996 por el PSOE balear perseguía poner en marcha en el Parlament autonómico una investigación en torno a la Fundación al considerar que ésta habría actuado como “caja B del PP”, de “imperio financiero casero” y de “receptáculo de dinero aportado para pagar favores políticos”. Los 31 diputados conservadores impidieron que la iniciativa prosperase.
Porsell se convirtió además en alcalde accidental del municipio mallorquín después de que su predecesor en el cargo, el popular Eugenio Hidalgo, fuese detenido en noviembre de 2006 en el 'caso Andratx', erigido en paradigma de los desmanes urbanísticos en Balears y causa que constituyó el primer golpe contra la corrupción bajo el segundo mandato de Jaume Matas. Porsell llegó a afirmar que el caso Andratx fue una persecución contra el PP, a pesar de que la causa acabó saldándose con más de 30 sentencias condenatorias, entre ellas al propio Hidalgo o al considerado cerebro del urbanismo del PP en Andratx, Jaume Massot.