Algunos retos ambientales en Euskadi

El pasado jueves 4 de abril comenzó la campaña electoral vasca, aunque ya llevamos meses de precampaña, y durante este tiempo poco se ha hablado o casi nada de crisis climática, de propuestas concretas de transición energética, de conservación de la biodiversidad, de movilidad, de patrimonio natural, de la gestión del agua y de los residuos y otras muchas cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la ecología. 

Sin embargo, en Euskadi ya se está notando, entre otras cosas, la crisis climática, y los principales cambios esperados en función de los estudios realizados como son un incremento generalizado de temperaturas, un cambio en el régimen  de precipitaciones y  cada vez más fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las sequía.  

La magnitud y trascendencia de esta problemática de crisis climática, justificaba la necesidad de una ley de cambio climático y transición energética, que fue aprobada por el Parlamento vasco, antes de cerrar la pasada legislatura, con los votos de PNV, PSE-EE y EH Bilbu, y con la oposición de Elkarrekin Podemos y las derechas, PP, Ciudadanos y Vox, con diferentes razones y argumentaciones. La ley aprobada, tal y como lo dije en este diario, se queda corta, es insuficiente y es para cambiar lo mínimo. De forma resumida, diré que a pesar de la urgencia del cambio climático, no permite avanzar en ese doble pilar que es la lucha contra el cambio climático, que es la mitigación, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en las políticas de adaptación. 

La ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático no apunta en la dirección correcta, es necesario algo más. El modelo de producción y consumo imperante necesita un cambio drástico para ajustarse a los límites biofísicos del planeta y plantear un escenario de reducción, de decrecimiento, en sectores que impactan de forma muy importante en el clima, en la biodiversidad y en los ecosistemas, y en la salud de las personas. No hay respuesta esperanzadora ante el cambio climático sin cambio de modelo.

Se trata, sin duda, de un reto difícil, complejo, dadas las competencias que tiene Euskadi y la inserción en una economía globalizada. Pero, al menos, deberíamos comenzar por impulsar una economía local, ecológica, descentralizada, en la que se vayan abandonando los combustibles fósiles, en lugar de impulsar macroparques eólicos y fotovoltaicos, el Tren de Alta Velocidad e infraestructuras viarias que van a acabar con el poco suelo virgen existente para beneficio del transporte motorizado, antes con la solución Ugaldebieta, la Supersur,  ahora con el proyecto del subfluvial de Lamiako, el túnel que unirá las márgenes de la ría, entre otras. 

Pero si la crisis climática debe ser un eje central en las políticas ambientales en Euskadi, también debe ser importante la defensa del patrimonio natural. Y, en este apartado cabe hablar de muchas cosas, y una de ellas, es la paralización del proyecto del Guggenheim en Urdaibai, que puede acabar si se construye, con la reserva de la Biosfera de este espacio, que es sin duda, la zona húmeda más importante de Euskadi.

Necesitamos también en las zonas rurales, pueblos vivos, donde se avance hacía una Euskadi en la que se prime de forma importante a las diversas asociaciones de productores, asociaciones de consumidores, organizaciones ambientales y de defensa del territorio, que se plantean promover la transición a un modelo a pequeña y mediana escala, sostenible, diversificado, agro-ecológico y destinado prioritariamente a la comercialización y consumo local, con precios justos tanto para las personas productoras como consumidoras, que reduzca la contaminación y los plaguicidas, que disminuya la burocracia y frene la desaparición del sector agrario familiar y del mundo rural, y que es en lo que se basa el movimiento de Soberanía Alimentaria. 

En el escenario de emergencia climática en el que estamos y sus efectos que ocasionan, es fundamental establecer medidas que permitan reducir la demanda de ese recurso tan importante para vida del conjunto de los seres vivos, como es el agua; fortalecer la resiliencia de los sistemas de uso y consumo, haciéndolos menos dependientes del agua; hacer campañas permanentes de concienciación y sensibilización de los usuarios; y una correcta gestión de las aguas de retorno de los sistemas para que no afecte al caudal de los ríos y la recarga de los acuíferos. Y eso requiere de un cambio cultural y socioeconómico derivado de la menor disponibilidad del agua.

En Euskadi, aunque no se ha llegado de ninguna manera a la situación de Catalunya u otras comunidades del Mediterráneo y del sur peninsular -estamos en la llamada “zona húmeda del norte peninsular”-, la expresión que se ha utilizado de que “sobraba agua”, es mejor desterrarla. Aunque, también hemos padecido momentos muy problemáticos, cuando el 10 de octubre de 1989 más de un millón de personas se vieron afectadas por los cortes de agua en sus casas por la severa sequía que venía padeciendo Euskadi. O más recientes, pero circunscrita a la comarca de Busturialdea, cuando el pasado verano el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia decidió elevar al nivel 3 (de un total de cuatro) el riesgo de sequía en la citada comarca y aumentar las restricciones de suministro, hasta que se puso en marcha el trasvase por barco desde el puerto de Santurtzi a Bermeo de hasta dos millones de litros diarios de agua para garantizar el abastecimiento en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. O, en la zona de Karrantza, cuando en el verano de 2022 desde la localidad cántabra de Ramales de la Victoria, en la cuenca del Asón en Cantabria, se trasladaban en camiones cisterna hasta 200.000 litros de agua cada día, hasta un depósito en el barrio de San Esteban de Karrantza, desde donde se distribuía a la red. O, también en distintas zonas de Álava.

El futuro es preocupante, aunque también es cierto que no es igual la vertiente cantábrica que la mediterránea. Según los estudios y los datos que maneja el Gobierno vasco, se prevé una reducción anual de la precipitación y, especialmente, durante los meses de verano, que en nuestro caso se calcula entre un 15 y un 30% para el escenario de final del siglo XXI. Las temperaturas máximas extremas a fin de siglo podrán subir entre 1,5°C y 4°C y las mínimas entre 1° y 3°C. Este aumento térmico podría conllevar una mayor evapotranspiración y un mayor riesgo de incendios forestales.

Nuestra vida a todos los niveles está íntimamente ligada al agua, por tanto, si hemos alterado el ciclo hidrológico habrá que adaptarnos a ello, y lo más rápidamente, ya que cada vez más estamos teniendo periodos de olas de calor y muy secos. 

En Euskadi, los recursos hídricos decrecerán con la crisis climática, y en consecuencia, la gestión del agua urbana debe continuar con los esfuerzos de reducción del consumo y todos los demás usos tienen que adaptarse a los recursos disponibles, y la restauración de los ríos y los ecosistemas hídricos deben ser una prioridad para que uno de los valores de nuestra sociedad vuelva a ser “el agua es vida”. 

Un ejemplo concreto, de lo que no se debe hacer en las ciudades y los municipios vascos, es  limpiar o baldear nuestras calles con agua clorada y potable, lo cual es un derroche en toda regla, cuando se puede hacer con aguas residuales.

En el capítulo de los residuos, en la pasada legislatura vivimos la mayor mayor catástrofe ambiental con el hundimiento del vertedero de Zaldibar que se llevó por delante la vida de dos trabajadores. Detrás de la catástrofe de Zaldibar hubo un cúmulo de negligencias en el control y la vigilancia de un vertedero sobre el que los trabajadores venían advirtiendo de la existencia de grietas en la estructura de la gigantesca montaña de residuos. 

Pero si bien la responsabilidad de la empresa Verter Recycling, como propietaria del vertedero de Zaldibar es directa y máxima, y deberá rendir cuentas de todo ello, todo parece indicar que hubo insuficiencias manifiestas en las tareas control y seguimiento, que por ley le corresponde el Gobierno vasco. 

Tras algo más de cuatro  años de la catástrofe de Zaldibar, es obligado un cambio de rumbo en la política de gestión de los residuos. El derrumbe del vertedero de Zaldibar indica que, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se podría decir en el conjunto del Estado español, se gestionan los residuos industriales en “vertederos de bajo costo”.

Vivimos en un mundo finito, en donde la materia no se crea ni se destruye. Hablar de eliminación de residuos es falso. Depositar residuos en un vertedero debería estar sujeto a unas mínimas condiciones de gestión y control. Es necesario, aunque no suficiente, que tanto la gestión como el control sean públicos, en donde el coste de la operación incluya los costes ambientales, cosa que no ocurre.

Por tanto, es obligado un cambio de rumbo en la política de gestión de los residuos, y en este sentido, es necesario caminar hacia la reducción de residuos, a la reutilización, y al reciclaje, y para ello es necesaria una Ley vasca de Residuos que camine hacia un territorio cero residuos.

También es muy importante, de una vez por todas, la implementación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno ( SDDR), que funciona de forma espléndida en diversos países de la UE, pero no en ninguna comunidad autónoma del Estado, incluida Euskadi. Diversos estudios, como el de Retorna (entidad sin ánimo de lucro integrada por asociaciones empresariales de la industria del reciclado, organizaciones ecologistas, sindicatos y asociaciones de consumidores), han demostrado la viabilidad económica del sistema de retorno de envases, además de las ventajas ambientales y sociales que conlleva. 

En el caso de Euskadi, la todavía consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, anunció el pasado 22 de noviembre que en Euskadi se implantará un proyecto piloto de devolución y retorno de envases. Pero, no sabemos nada de cómo está el citado proyecto, aunque me temo que poco se habrá hecho estando en vísperas electorales.

Podríamos seguir con más problemáticas ambientales, pero también queremos que los partidos políticos hablen de propuestas concretas de cómo abordar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la movilidad urbana, la soberanía alimentaria…y como acabar con un modelo de producción y consumo basado en el crecimiento económico ilimitado que choca con los límites del planeta.