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Alarma en la Eurocámara porque el 'TTIP de los servicios' se negocia con países que no cumplen los convenios de la OIT

Los eurodiputados volverán a votar las recomendaciones del TTIP el 29 de junio

Pablo García

Estrasburgo —

El TiSA (Trade in Services Agreement), también llamado Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) es un tratado que, según explica la Comisión Europea-, “pretende abrir los mercados y mejorar las normas en materia de concesión de licencias, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte marítimo y desplazamiento temporal de trabajadores para la prestación de servicios”. Se negocia entre 23 países, entre ellos Estados Unidos, Corea, Colombia, México, Australia o la UE, y este miércoles recibirá el respaldo, salvo sorpresa, del Parlamento Europeo,

Para sacarlo adelante, se vota antes un informe de opinión en el Parlamento Europeo: como ocurrió con el TTIP en 2015, la Eurocámara trata de marcar sus líneas rojas para proteger del tratado ciertos servicios como la sanidad o la educación. Pero esta vez en el informe redactado la eurodiputada luxemburguesa (y ex comisaria) Viviane Reding, del Partido Popular Europeo, se resalta un aspecto: que varios de los países que negocian no han firmado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el texto del Parlamento sobre TiSA no les obliga a hacerlo. Cada Estado de la UE ha suscrito por separado los ocho convenios fundamentales.

Varios eurodiputados recalcan que ahora se da pie a la violación de normas laborales reconocidas en los 28 países de la Unión. Por ejemplo, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 no lo reconocen ni EEUU, ni Taiwán, ni Corea del Sur, ni Hong Kong, todos ellos en la negociación. Ni China, de la que públicamente la Comisión Europea ha dicho que quiere que se convierta en el firmante número 24 del tratado. Los otros 23 son: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, EEUU, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión Europea. El 70% del comercio mundial de servicios.

¿Qué dice el informe a nivel laboral? En uno de sus primeros capítulos se dice que el Parlamento Europeo exige que el tratado “garantice que las partes respeten los ocho convenios fundamentales de la OIT”; “que pida a todas las partes que ratifiquen y apliquen las principales normas de la OIT”; “que promueva otros convenios de la OIT”. Pero en realidad, nada que implique un cumplimiento de tales convenios, como ha puesto de manifiesto la comisión parlamentaria de Empleo del Parlamento Europeo.

Cada comisión parlamentaria (Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Monetarios, Agricultura, etcétera) valoró las repercusiones del TiSA en los últimos meses antes del voto definitivo de este miércoles. Y la de Empleo fue la más crítica. En su texto hace hincapié en “la importancia de la ratificación, la aplicación y el cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios fundamentales”. Igualmente “pide que se adopten disposiciones con miras a convertir en vinculantes las normas de la OIT y otras normas acordadas”.

El ponente de la comisión de Empleo, el alemán Thomas Händel (Die Linke), denuncia que se trata de una “formulación protocolaria”. “Este tipo de formulaciones debería de implicar una vinculación directa con los ocho convenios, así como la posibilidad de plantear una querella por incumplimiento de éstos”, destaca Händel, que el lunes advirtió de la pérdida de derechos laborales en sesión plenaria. “Lo importante no es lo que está en el papel, sino que se vigile por el cumplimiento de los convenios fundamentales”, le espetó la liberal holandesa Marieta Schaajke.

Los ocho convenios de la OIT

Los ocho convenios fundamentales de la OIT abarcan: la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948); el derecho de sindicación y de negociación colectiva, (1949);la igualdad de remuneración (1951); la abolición del trabajo forzoso (1957); la discriminación laboral (1958); la edad mínima para trabajar (1973); y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999.

Después, hay centenares de convenios que no se consideran “fundamentales” por la propia OIT y que cada país va ratificando como quiere. Por debajo están los “prioritarios” y más abajo, los “técnicos”. La profesora de Derecho Laboral por la Universidad de Valencia Adoración Guamán recuerda que EEUU ha firmado solo dos convenios fundamentales de la OIT frente a cuatro China, la aspirante a entrar en el TiSA.

“No existen normas internacionales protectoras de los derechos laborales que sean igualmente obligatorias para todos los países que están negociando el TISA, ni hay presión política capaz de obligar a países como Estados Unidos a la ratificación de los Convenios de la OIT que lleva décadas negándose a asumir”, deplora Guamán, que sigue de cerca los tratados internacionales de la UE.

Este miércoles los socialistas probablemente votarán divididos, como sucedió con el informe de opinión del TTIP aprobado por el Parlamento Europeo en julio. Las intervenciones encendidas de algunos eurodiputados franceses y belga permiten intuir esta posibilidad. El PSOE en cambio se decanta por votar a favor, así como los eurodiputados alemanes.

El TiSA no empezó con buen pie: fue filtrado por Wikileaks en abril de 2014. Según sus detractores, la Comisión Europea y la mayoría parlamentaria a favor del informe de opinión han actuado de manera más contemporizadora. Como Lola Sánchez, de Podemos: “Nos han aceptado más enmiendas y han suavizado más posturas, a diferencia del revuelo que se montó con el TTIP. Pero al final no se comprende que el documento de Reding sea tan ambicioso en la liberalización de los servicios financieros mientras obvia la crisis que estamos viviendo debido a ese motivo”.

“El TiSA, junto a TTIP y CETA forma parte de la triada de Tratados de Libre Comercio, de libertad para que las multinacionales impongan sus normas, para que estén por encima de los Parlamentos y de los tribunales estatales, libertad para privatizar nuestros servicios públicos y esclavitud para los trabajadores y trabajadoras”, señala por su parte Marina Albiol (IU).

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