La Cámara de Comercio de Castilla y León cobija a imputados, condenados, morosos y defraudadores
La tan cacareada regeneración de las instituciones no termina de llegar al Consejo Superior de Cámaras de Castilla y León, dedicada a la representación, promoción y defensa de los intereses del comercio y la industria de esa comunidad autónoma. Un exconvicto condenado por corrupción, un imputado por fraude en ayudas públicas que debe 4,2 millones a Hacienda, un beneficiario de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro y un condenado por amenazas a sus trabajadores son algunos de los representantes de los empresarios en esta corporación de derecho público.
El último en sumarse al club ha sido el recién elegido presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo. Con él son cinco las personas, un tercio del total (todos hombres), pertenecientes a la comisión ejecutiva o el pleno de la cámara castellano-leonesa que en los últimos años han tenido problemas con la Justicia o el Fisco o que han defraudado a Hacienda.
Crespo, administrador único del mayorista de pescado Agrupesca y presidente de la patronal del comercio salmantino Aesco, fue elegido hace una semana presidente de la cámara provincial con un apoyo del 92%. Según informó La Tribuna de Salamanca, en febrero un juzgado salmantino le condenó como responsable de un delito de amenazas a dos empleados de Confaes (la Confederación de Empresarios de Salamanca) a los que dijo que iba a “patear”. Hace un par de años, la Junta impuso a su empresa una sanción de 30.000 euros por vender pescado sin licencia, según informó La Gaceta de Salamanca.
Borrones que son travesuras en comparación con el historial del polémico empresario oscense (aunque muy vinculado a Burgos) Antonio Miguel Méndez Pozo, miembro del pleno de la cámara de Castilla y León por su condición de presidente de la Cámara burgalesa.
Condenado en los años 90 por corrupción (le cayeron siete años de cárcel pero cumplió menos de dos), este constructor es propietario del grupo de comunicación Promecal, dueño de importantes cabeceras en la región y en Castilla-La Mancha, y socio del constructor José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel.
Amigo de José María Aznar, Méndez Pozo, 72 años, estuvo tras el polémico proyecto del bulevar de Gamonal, paralizado tras las protestas vecinales, y es socio del hospital privatizado de Burgos, el más grande y caro de la región y cuyo sobrecoste supera los 600 millones de euros, más del doble de lo presupuestado.
En la lista de morosos
En el comité ejecutivo de la Cámara de Castilla y León, que tiene siete miembros, está presente el octogenario empresario minero Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de León. Según la última lista de morosos de Hacienda, a cierre de 2015 la empresa minera de Lamelas, Alto Bierzo, acumulaba deudas de 4.236.064 euros con el Fisco español.
La cifra se aproxima a los 4,3 millones en ayudas a la minería que, según la Fiscalía, Alto Bierzo cobró irregularmente entre 2007 y 2012. La empresa, en concurso de acreedores desde 2013, está imputada desde 2014 en este caso, remitido por un juzgado de Ponferrada a la Audiencia Nacional hace un año.
Otro detalle sobre la biografía de Lamelas, cuyos intereses también abarcan negocios como la ingeniería o las energías renovables: en marzo de 2015, El País reveló que tres hijos suyos cotizaban como mineros en la Seguridad Social para poder prejubilarse a los 50 años. No eran mineros, sino directivos de sus empresas.
En el pleno de la Cámara también se sienta Pedro Palomo Hernangómez, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia. Palomo ha estado imputado en dos ocasiones por su etapa como consejero de la extinta Caja Segovia, hoy integrada en Bankia, aunque las actuaciones se han archivado recientemente: las millonarias prejubilaciones de directivos de la entidad (el caso se archivó en junio) y la decisión del máximo órgano de la entidad de hipotecar el torreón medieval de Lozoya, principal símbolo de la actividad cultural desempeñada por la caja segoviana durante décadas. Por este caso se le desimputó en octubre.
Recetas de un ocultador
El presidente de la Cámara de Palencia desde hace dos décadas, Vicente Villagrá, es propietario del productor de aperitivos Pipas Facundo y tampoco está exento de polémica. El pasado junio, la investigación Los Papeles de la Castellana reveló que, aprovechando la amnistía fiscal de 2012, Villagrá y su familia legalizaron un patrimonio opaco de más de 11,2 millones que tenían escondido en Suiza pagando 337.405,36 euros, el 3% del dinero aflorado.
Villagrá, que en agosto cumplió 74 años, estuvo cinco meses desaparecido de la esfera pública tras la publicación de esa noticia. El mes pasado, este autoproclamado “liberal” que en 2010 afirmaba que “hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades” volvió a la palestra para recuperar su habitual discurso a favor de reducir el gasto público, bajar impuestos, abaratar las cuotas empresariales a la Seguridad Social y profundizar “de verdad” en la reforma laboral.
En su reaparición, pidió al nuevo Gobierno “que no se dé ni un solo paso atrás en la reforma laboral” que puso en marcha ese año el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y no se privó de reclamar a la Administración que refuerce el AVE desde Madrid hasta Palencia con dos nuevas líneas, que se mejoren las carreteras en la provincia y se impulse de forma definitiva un nuevo hospital para la capital palentina.
