Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”

A Lourdes Conesa una trama corrupta que anidó en el Ayuntamiento de Barcelona le arruinó la vida. Esta arquitecta municipal intentó frenar desde dentro de la institución a la mafia de los pisos turísticos de Ciutat Vella en 2008. Dieciséis años después, y una vez el caso ya tiene sentencia, Conesa ha terminado llevando al consistorio a los tribunales por no protegerla lo suficiente pese a recibir amenazas de los implicados en la trama.

La demanda de Conesa supone un pleito pionero en España sobre cómo las administraciones pueden resarcir a los denunciantes de corrupción. Pero tiene una particularidad que lo hace todavía más inusual: fue el propio Ayuntamiento de Barcelona quien, en el año 2022, abrió, por iniciativa propia (y no porque lo pidiera la arquitecta), el expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizarla.

Sin embargo, el expediente no se ha cerrado ni a favor ni en contra de Conesa más de un año después de abrirse (pese a que la normativa fija en un máximo de nueve meses su resolución). Ante lo que considera una dilación por parte de la administración, la funcionaria ha decidido acudir al juzgado.

Fuentes municipales niegan dilación alguna. “El Ayuntamiento está tramitando el expediente administrativo siguiendo los trámites marcados legalmente. No se ha mantenido en silencio”, aseguran desde el consistorio. Reiteran que el Ayuntamiento ha practicado las notificaciones a la arquitecta “previstas por la ley, sin que en ningún caso se pueda considerar que se ha mantenido en un planteamiento de silencio”.

Añaden desde el Ayuntamiento que la “resolución” final del expediente se producirá una vez la Comisión Jurídica Asesora, órgano dependiente del Govern, estudie el caso, al tratarse de una indemnización en juego mayor de 50.000 euros. En conjunto, la funcionaria reclama 357.902,03 euros (63.526,42 por daños morales; 119.025,61 por pérdida grave de calidad de vida, y 175.350 euros por el daño patrimonial derivado de un freno a sus ascensos que alega la arquitecta).

“He estado quince años callada porque el Ayuntamiento de Barcelona es mi casa, pero no puedo más”, confiesa Conesa, que lamenta haber tenido que acudir a la vía judicial ante el “ninguneo” al que se considera sometida por parte del actual consistorio encabezado por el PSC. “Me ningunearon, me jugué la vida por el Ayuntamiento y esperaba una respuesta por humanidad, porque no es por el dinero, es porque desde la institución se reconozca el daño que me está causando su desamparo”, lamenta.

Conesa fue una alertadora de corrupción más de una década antes de que una directiva europea reconociera esta figura. Después de las condenas del caso en 2022, el Ayuntamiento –con el apoyo de los comuns, ERC y Junts, y la abstención de PSC y PP– abrió un expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizar a Conesa y a la exconcejal Itziar González por el “daño personal y profesional” que adujeron que les causó la falta de apoyo del consistorio, según dejó escrito en un decreto la entonces alcaldesa, Ada Colau.

La entonces alcaldesa firmó el decreto que ordenaba abrir el expediente el 29 de septiembre de 2022. Formalmente, el expediente sobre Conesa no se incoó hasta el 12 de enero de 2023, fecha a partir de la que, según marca la ley, en un máximo de nueve meses tenía que resolverse. No ha sido así. 

La última comunicación que Conesa recibió de la instructora municipal de su expediente fue en enero de 2024, cuando le pidió ampliar el informe psiquiátrico que constaba en la documentación, trámite que la defensa de la arquitecta cumplimentó en febrero de este año.

Desde el Ayuntamiento agregan que los tres motivos por los que Conesa ha solicitado una indemnización –daño psicológico, pérdida de calidad de vida y frustración de la carrera profesional– obligan a practicar “pruebas diversas” para determinar si “los eventuales daños psicológicos derivan o no de una eventual acción u omisión del Ayuntamiento” y si la pérdida de calidad vida “forma parte o no de la indemnización” de 50.000 que los condenados por el caso ya abonaron en el juicio a Conesa.

Sobre la frustración de la carrera profesional, el Ayuntamiento pide “tener presente” que Conesa “fue nombrada por libre designación dos veces para el nivel técnico funcionarial más alto que existe” en el consistorio. 

La trama que amenazó a Conesa

Las amenazas y desamparo a Conesa se remontan al año 2008. La corrupción se instaló en Ciutat Vella de la mano del exdirector de servicios técnicos del distrito, Heliodoro Lozano, ya jubilado, y el intermediario Joaquín Quílez, quien ya acumulaba dos condenas por irregularidades en la tramitación de permisos del Ayuntamiento de Barcelona para locales del Eixample y por avisar de inspecciones administrativas en la causa de corrupción policial en los prostíbulos Riviera y Saratoga. Ambos reconocieron en el juicio su participación en los hechos de Ciutat Vella a cambio de no entrar en prisión.

La trama corrupta se urdió a raíz de la aprobación de un plan urbanístico por el que el Ayuntamiento de Barcelona limitaba la apertura de nuevos pisos turísticos en Ciutat Vella, que a finales de la primera década del siglo XXI ya vivía los efectos del turismo masivo. Los cabecillas de la red admitieron que con el objetivo de agilizar las gestiones para obtener las licencias, varios propietarios contactaron con Quílez, que a cambio de un soborno les garantizó que regularizarían sus pisos turísticos.

Luego Quílez pactó con Lozano que, a cambio de otro soborno, agilizaría la tramitación de los expedientes y obviaría los defectos de las solicitudes de licencia, en algunos casos tan groseros que obligaban a denegarla. Cuando Itziar González –independiente en las listas del PSC– entró como concejal de Ciutat Vella y relevó a Lozano y a tres inspectores para poner fin a las malas prácticas, empezaron las amenazas a la edil y a Conesa, que lideró desde su puesto de arquitecta la oposición a las licencias que la trama quería conceder.

“Yo llevo 22 años en el Ayuntamiento, tengo muchos amigos y si yo puedo evitarlo tú nunca serás nadie en este Ayuntamiento”, dijo Quílez a Conesa para amenazarla tras rechazar las primeras licencias, tal y como consta en los hechos probados de la sentencia. Las amenazas fueron a mayores y en noviembre de 2008 Conesa recibió en el buzón de su casa una carta con una foto de su domicilio señalado en rojo y el siguiente texto: “Eres una hija de puta, tus compañeros te odian [...] Para nosotros eres un animal y tenemos una misión a realizar, dentro de poco tiempo comprobarás cosas que ocurrirán a tu alrededor, te horrorizarás y no será fruto de la casualidad”.

El expediente

El Ayuntamiento trasladó a Conesa (sin que ella lo pidiera) fuera de Ciutat Vella en 2008. Pero en su nuevo puesto en Urbanismo, se siguió encontrando tanto con Lozano, trasladado a la misma área, como con Quílez. “Helio me preguntaba qué había contado a los Mossos y a la Guardia Urbana y Quílez se paseaba frente a mi mesa intimidándome. El Ayuntamiento nunca lo paró”, rememora Conesa.

En sus alegaciones, la defensa de Conesa argumenta que la actuación del consistorio “no es compatible con su deber de proteger a sus funcionarios” y que la “situación de maltrato” por parte de la administración a la arquitecta se tradujo no solo en un trauma y daños psicológicos, sino también “en la imposibilidad de ascender y la desvalorizó en su puesto de trabajo, limitando su carrera profesional”. “La actuación del Ayuntamiento se corresponde más a una represalia que a una supuesta protección”, zanja el escrito. 

Conesa vive como una repetición de esa pesadilla el desamparo municipal con su expediente de reclamación patrimonial. La documentación que ha podido consultar elDiario.es constata, por un lado, una falta de respuesta de la administración –tanto durante el final del mandato de los comuns como al inicio del de los socialistas– a peticiones de Conesa pese a que la rapidez con la que la defensa de la arquitecta cumplimentó los trámites requeridos por la instructora. Pero además, el consistorio ha llenado de centenares de páginas el expediente que poco o nada ayudan a determinar si tiene responsabilidad en el caso. 

Por ejemplo, en el expediente hay centenares de páginas de informes de riesgos laborales en el puesto de trabajo en oficinas que ocupaba Conesa que resultan irrelevantes para las amenazas que sufrió y que se dedican a analizar la presencia de extintores, la buena iluminación o el estado de las sillas de los funcionarios. 

También consta entre la documentación consultada por este diario la negativa de la aseguradora del Ayuntamiento a hacerse cargo de cualquier indemnización al no haberse producido “daños físicos”.

El expediente también muestra que ha sido la propia Conesa la que ha tenido que pedir –no siempre con éxito y, en muchos casos, con demoras– y calcular, en base a la escala salarial del consistorio, el daño patrimonial sufrido ante la imposibilidad de ascender en el escalafón municipal que, alega, le provocó el caso Ciutat Vella. 

Sí resultan reveladores los informes psiquiátricos que constatan la afectación grave en su estado de salud que supuso en Conesa ser víctima de la trama corrupta. 

En octubre de 2023, ante el silencio municipal sobre la resolución del expediente, Conesa pidió una reunión con el alcalde Jaume Collboni, igual a la que había mantenido un año antes con Colau. La respuesta de la oficina del alcalde fue negativa y le instaron a reunirse con un gerente de recursos humanos. “Le tuve que explicar todo el caso, no sabía ni de lo que le hablaba”, lamenta Conesa. El consistorio defiende que el Ayuntamiento ha prestado “la atención y el apoyo adecuados” a Conesa y que “en ningún caso la intervención del alcalde o los cargos gerencias puede alterar o condicionar propuestas que son responsabilidad de los técnicos municipales”. A su pesar, esta arquitecta ha tenido que llevar al Ayuntamiento al juzgado.