Ser muleta y azote del PP o cómo confrontar a la derecha asumiendo sus postulados: los equilibrios del PRC en la oposición

El papel que está desempeñando el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en los primeros meses de la presente legislatura y tras perder el poder es de un equilibrismo político al más alto nivel. La formación que aún lidera Miguel Ángel Revilla, desbancado de la Presidencia en las elecciones autonómicas del pasado año, está asumiendo desde la oposición un rol que intenta combinar al mismo tiempo apoyo y confrontación al Gobierno del PP en solitario.

Los regionalistas son azote y muleta del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) casi desde el primer minuto, cuando tras la debacle electoral se prestaron a facilitar la investidura de la candidata del Partido Popular con el objetivo de que Vox no asumiera responsabilidades de gobierno. La extrema derecha exigía formar parte de una coalición para dar su apoyo a Buruaga, y el PRC ofreció su abstención para que saliera adelante la investidura -sin entrar en el reparto de consejerías- a cambio de que el partido ultra no tocase poder en Cantabria.

A partir de ahí, y ya con la legislatura en marcha y el nuevo Gobierno monocolor y en minoría del PP conformado, la sintonía entre Revilla y Buruaga, que hasta la cita electoral del 28M era de todo menos buena, permitió dar continuidad al acuerdo de investidura alcanzando otro pacto para sacar adelante sus primeros presupuestos. Se trató, según señalaron ambos dirigentes, de un “acuerdo puntual” para dar luz verde a unas cuentas que el PRC calificó de “continuistas” respecto a las últimas aprobadas bajo su mandato en coalición con el PSOE.

Así, y entre críticas al Ejecutivo popular por “estupefacto” y “pasmado”, los regionalistas ofrecieron un importante balón de oxígeno político para que echara a andar en condiciones el mandato de Buruaga. Los Presupuestos consolidaron la reforma fiscal del PP que había sido duramente criticada por el PRC porque, en sus propias palabras, “beneficia a los ricos”, si bien es cierto que los regionalistas lograron incluir algún matiz para rebajarla un poco. Además, las cuentas abrieron la puerta a la liberalización del suelo a través de una polémica modificación incluida en la conocida como Ley de Acompañamiento.

PP y PRC acordaron reformar mediante ese atajo parlamentario la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, que fue aprobada en la pasada legislatura por el bipartito PRC-PSOE, para suprimir restricciones a la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, iniciativa que salió adelante con el voto favorable también de Vox y que ha generado profunda discrepancia entre los colectivos conservacionistas e, incluso, ha sido motivo de advertencia a Cantabria por “inconstitucional” por parte del Gobierno de España.

La polémica reforma de la Ley del Suelo y el posicionamiento de la formación que encabeza Revilla junto a PP y Vox en el Parlamento autonómico no es un caso aislado en lo que llevamos de legislatura. Los regionalistas comparten postulados de la derecha y de la extrema derecha en asuntos como la denominada 'okupación'. Y es que han llegado a votar a favor de que la Cámara autonómica cántabra se adhiera a la 'Ley Feijóo' para desalojar a los okupas en 24 horas y a instar al Gobierno a coordinar con los ayuntamientos medidas contra lo que consideran una problemática social que los datos oficiales desmienten.

El PRC 'compra' en esta materia el marco ideológico de un PP que propone medidas para acabar con la okupación como receta contra la dificultad de acceso a la vivienda, mientras rechaza aplicar el índice de precios de los alquileres para zonas tensionadas que estipula la Ley de Vivienda estatal porque, en palabras del propio consejero con responsabilidad en este área, regular el mercado “se hace en Cuba”.

Además, los regionalistas también suelen posicionarse junto a PP y Vox en asuntos de índole nacional, como en pedir la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil o la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo ocurrido recientemente en el puerto de Barbate (Cádiz), a lo que hay que añadir la polémica en torno al lobo y la reivindicación de su salida del listado de especies protegidas (LESPRE), que ya en la legislatura pasada provocaba una división de voto en el seno del bipartito PRC-PSOE.

Entonces, los regionalistas, pese a compartir Consejo de Gobierno con el PSOE, no tenían ningún reparo en arremeter con dureza contra la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por este asunto. Y ahora, además de cargar contra el Gobierno central, también ponen el foco en la responsabilidad del PP al frente del Ejecutivo autonómico.

Pese a todo ello, regionalistas y socialistas siguen de la mano en la mayor parte de ocasiones que toca posicionarse en el Parlamento, sobre todo cuando se ven obligados a defender su gestión anterior y contrarrestar el clásico argumento de 'la herencia recibida' de quien recoge el testigo de dirigir una Administración, en este caso, el PP en Cantabria.

Como ejemplo a destacar, cabe mencionar la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que llevaron a cabo PP y Vox. Los regionalistas lograron gracias al acuerdo presupuestario con los populares que no se produjera de urgencia mediante la Ley de Acompañamiento, por lo que se efectuará más adelante y con un debate y tramitación más extensos, donde PRC y PSOE manifestarán su rechazo a que se tumbe una normativa que sacaron adelante durante su mandato. “Es gravísimo”, señalaron sobre el “tándem regresivo” que forman ambos partidos de derecha y extrema derecha.