La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa contra el senador Pedro San Ginés (Coalición Canaria) por denuncia falsa y falso testimonio. El pasado 19 de abril, el Tribunal Supremo acordó el sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa al no haberse comprobado que el político actuara con ánimo de faltar a la verdad. El Mnisterio Público ha detectado ''varios errores'' en el archivo y ha presentado un recurso de reforma en el que sostiene que el expresidente del Cabildo de Lanzarote ''orquestó una actuación falsaria utilizando a funcionarios policiales primero y faltando a la verdad en sus declaraciones judiciales después''.
El 11 de noviembre de 2009, el entonces presidente de Lanzarote acudió a las dependencias de la Guardia Civil de Costa Teguise a las 22.30 horas para denunciar una serie de hechos presuntamente delictivos atribuidos a Carlos Espino (PSOE), responsable en ese momento de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), y al administrador de la empresa Climafrical, Antonio González Medina. Según el escrito de la Fiscalía, San Ginés aseguró ante las autoridades que ''se estaban saltando los procedimientos establecidos para la adjudicación de los contratos para contratar con sujetos afines al mismo'', insistiendo en que González era afiliado del PSOE.
En este punto detecta el Ministerio Fiscal el primer error. El auto del Supremo hace referencia a ''la comparecencia'' de Pedro San Ginés ante la Guardia Civil. ''Lo que la resolución denomina ''comparecencia'' puede inducir a error, en el sentido de dar a entender que el señor San Ginés fue citado a comparecer ante la Guardia Civil. El señor San Ginés se presentó voluntariamente a las 22.30 horas en las dependencias de la Guardia Civil'', matiza el escrito.
Una denuncia de ''carácter espurio''
Esa noche, para apoyar su denuncia, el expresidente aportó un escrito redactado por el abogado de los Servicios Jurídicos de su partido, Coalición Canaria, afirmando que desconocía el nombre del letrado. La Fiscalía insiste en que el político no acudió a denunciar ''un hecho del que haya sido víctima directa, unas lesiones, una agresión, un allanamiento de morada, etc., sino que denuncia una serie de irregularidades administrativas'' que supuestamente se venían produciendo desde 2007. El recurso cuestiona que el senador no presentara entonces documentación oficial legalmente obtenida ni informes jurídicos de la administración, ''máxime si el denunciante es el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote''.
El Ministerio Público concluye que la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil ya presenta indicios de su ''carácter espurio''. ''Fue una denuncia muy extensa respaldada por el partido político al que pertenecía, pero no por la institución a la que representaba'', añade.
Pedro San Ginés compareció en dos ocasiones por esta causa ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife. En los dos casos reiteró las acusaciones vertidas contra Espino y González. La tercera vez compareció como imputado por los delitos de denuncia falsa y falso testimonio, y se acogió a su derecho a no declarar.
Este año la causa fue elevada al Tribunal Supremo, después de que Coalición Canaria designara a Pedro San Ginés como senador por la Comunidad Autónoma. La Fiscalía observa ''inexactitudes'' en la declaración del político ante el Supremo. Según el escrito, el dirigente nacionalista manifestó por primera vez que había sido el gerente de los CACT quien le informó de las supuestas irregularidades. El Ministerio Público recoge que no consta declaración alguna del gerente, y tampoco hay constancia de que haya presentado alguna denuncia o emitiera algún informe.
En el procedimiento se ha confirmado además que todas las facturas cumplían con los requisitos de facturación. ''Por lo tanto, podemos concluir que todas las acusaciones vertidas a lo largo del procedimiento [...] no respondían a la verdad'', reza la Fiscalía en su recurso. Además, el documento recoge una posible relación entre la actuación de Pedro San Ginés y la denuncia que presentó ese año Carlos Espino y que derivó en el conocido Caso Unión, la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de piezas e imputados.
''De todo lo expuesto, no podemos sino concluir que el señor San Ginés obviamente con la finalidad de perjudicar al señor Espino [...] orquestó una actuación falsaria'', concluye la Fiscalía. Además, señala que el político actuó con conocimiento pleno de que su denuncia no se sostenía porque conocía los procesos de contratación administrativa de los CACT, ya que él fue consejero delegado de los mismos hasta mayo de 2007.