El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este viernes su colaboración con la justicia en la investigación de la Fiscalía Europea sobre el caso Mascarillas y que motivó que este jueves, durante unas doce horas, la Policía Nacional registrara las dependencias de la Consejería de Sanidad en Las Palmas de Gran Canaria.
“Todo lo que tengan que hacer, que lo hagan”, ha señalado en una entrevista concedida a Radio Club Tenerife y recogida por Europa Press en la que ha dejado claro que es un asunto que “está judicializado y en investigación” y que este jueves se inspeccionaron básicamente documentos internos y cuentas de correos, entre otras cosas.
El ministro ha apuntado que la compra de material sanitario durante la pandemia “fue una labor tremendamente complicada en un momento muy difícil” y ha dicho que acudirá con “absoluta tranquilidad” a las comisiones de investigación si estas le citan para exponer lo que se realizó.
“Creo que se hizo una buena gestión”, ha señalado, remarcando especialmente los datos de número de fallecidos, ingresos en hospitales o PCR que se hicieron en las residencias en comparación con otras comunidades autónomas.
“Dicho esto, y con toda la presunción de inocencia, si ha habido desalmados o personas que han incumplido la ley, que caiga todo el peso de las mismas sobre ellas”, ha explicado.
El caso Mascarillas afecta a la gestión del Gobierno canario de Torres en la pasada legislatura por el que se investiga el pago de cuatro millones de euros a una empresa no especializada en material sanitario por un millón de mascarillas que no llegaron a ser entregadas (fueron eliminadas por Aduanas al ser falsas).
Entre los investigados del caso se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, a quien se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Domínguez y el SCS
Conrado Domínguez había sido ya director del Servicio Canario de Salud (SCS) en el anterior Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), entre 2015 y 2019. Con el cambio de Ejecutivo en mayo de 2019, Sanidad pasó a ser dirigida por Teresa Cruz Oval (PSOE) que procedía de un sector muy crítico con la etapa de Domínguez. Sin embargo, al estallar la pandemia, el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres lo incorporó como coordinador al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias. Fue con esa condición con la que negoció contratos de mascarillas.
En mayo de 2020 recibió la llamada de su amigo Osvaldo Lastras, que le presentó a su compañero de trabajo Samuel Machín, y que serían las personas intermediarias que negociaron los términos del contrato de emergencia para Rayco Rubén González. El único nexo entre las partes, destaca la Fiscalía, era “la vinculación de amistad”. Todos “carecían de la mínima solvencia técnica y profesional para acometer” esa operación que buscaba “reponer el stock de los EPI (Equipos de Protección individual) de los sanitarios de los hospitales públicos con mascarillas que tuvieran la clasificación FFP3”. 21 días después de la primera llamada se firmó el contrato con RR7 por cuatro millones de euros para un pedido de un millón de mascarillas FFP3. Anticorrupción destaca en su querella que el exdirector del Servicio Canario de Salud, a pesar de ser considerado como “un experto” en gestión, no preguntó cuál era la solvencia profesional y técnica de la empresa. De hecho, la única referencia sobre el material decía que el empresario “tenía un colaborador que podía traer las mascarillas de África”.
La querella de la Fiscalía recoge que días antes el Servicio Canario de Salud había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”. Además, el precio pagado por las mascarillas a la empresa de Rayco Rubén González era “muy superior” (cuatro euros por unidad) al precio mayor (2,94) de todos los contratos de este tipo en Canarias durante la pandemia.
La autorización de los pagos correspondía a la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que abandonó ese cargo en abril de 2022, mes en el que Anticorrupción abrió diligencias. En los contratos de emergencia para el suministro de material durante la pandemia, el mecanismo habitual consistía en anticipar la mitad del importe y pagar el resto cuando se hubiera acreditado que los productos habían llegado. Así fue como se concretó el primer pago en agosto de 2020 y en el segundo, en octubre del mismo año, se consuma lo que la Fiscalía Anticorrupción define como “el timo de Rayco”.
Anticorrupción sostiene que este segundo pago fue “temerario y negligente” y ocasionó un menoscabo de dos millones de euros a las arcas públicas. Según la querella, de ese dinero obtenido de manera presuntamente ilícita, Rayco Rubén González incorporó a su patrimonio 1,35 millones de euros que destinó a la compra de coches de alta gama (Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley...) a través de un entramado societario y de préstamos entre sociedades de su propiedad, y a mantener “un elevado tren de vida”.
El fiscal expone que “tras el pago de cuatro millones de euros” el adjudicatario del contrato “solo pudo ofrecer una partida de mascarillas falsas”, importadas desde Etiopía. En febrero de 2021, un mes antes de la llegada del cargamento con mascarillas falsas desde ese país, el SCS había iniciado el expediente para resolver el contrato por incumplimiento del adjudicatario. La Dirección General de Recursos Económicos del organismo público lo dio por extinguido en mayo y requirió a RR7 United la devolución de los cuatro millones de euros que había pagado por anticipado sin recibir ni una sola mascarilla.
Sin embargo, en junio de ese año, la empresa remitió un escrito en el que solicitaba la modificación del contrato para cambiar, por el mismo precio, el suministro del millón de mascarillas comprometidas (3M Modelo 1860 N95) por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. El Servicio Canario de Salud accedió, pero RR7 United “jamás cumplió ese nuevo contrato”, destaca el escrito del fiscal, para quien la administración autonómica no solo debió resolver el contrato, sino que, debió reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En cambio, le concedió “una nueva oportunidad de modificar las prestaciones”, una “nueva vida jurídica” para “un incumplidor que había importado mascarillas falsas que hubieron de ser destruidas”, añade.