Siete familias de Zaragoza serán desahuciadas en diez días

Mayo será recordado por siete familias zaragozanas como uno de los meses más angustiosos de su vida. Entre los días 15 y 25 deberán abandonar sus casas por no poder afrontar los pagos del alquiler. Apenas unas semanas antes de las fechas de lanzamiento, piden ser realojados en viviendas sociales y no tener que esperar al último momento para saber dónde dormirán sus hijos.


Hace aproximadamente un año, Stop Desahucios Zaragoza se vio forzado a modificar sus criterios de admisión en la asamblea. Si al principio fueron cientos las familias que se acercaron a ellos con una orden de ejecución hipotecaria, ahora, con el recrudecimiento de los efectos de la crisis, son muchos los que llegan porque van a ser desahuciados por impago de arrendamiento.




Las solicitudes por desahucios de alquiler, que en 2014 fueron 1300 solo en Zaragoza, son un giro de tuerca más en el país que más viviendas vacías tiene de Europa y que, al mismo tiempo, más se desahucia. Es un tema controvertido porque los propietarios suelen ser particulares que necesitan de las rentas del alquiler o disponer de la vivienda. Según explican desde Stop Desahucios, “en estos casos lo que queremos es el realojo inmediato de las familias en viviendas sociales, nunca su ocupación”.




En esta situación se encuentra Francisco, que vive con su pareja y dos niños en en el barrio de Santa Isabel desde hace un par de años. Han tenido que pintar la vivienda tres veces, se filtra agua por las paredes y las tuberías son de plomo. Su hija pequeña, de tres años de edad, padece hipotiroidismo congénito. Este invierno, debido a la falta de calefacción y a la humedad, ha sufrido varias bronquitis. Los pequeños preguntan constantemente cuándo se van a ir a la casa nueva. El día 20 está previsto el desahucio. “El sufrimiento lo llevas por dentro, no quiero transmitírselo a los niños. Cuando llegue el lanzamiento los dejaré con sus abuelos, y yo me quedaré aquí y ya veremos que pasa”, declara el padre.


Francisco trabajaba de comercial de siete de la mañana a doce de la noche. “El día que me dijeron que no podría acompañar a mi mujer en el parto de mi hija lo dejé porque no aguantaba más y desde entonces estoy en paro”, explica. A partir de ese momento todo ha sido un “caos”. “Primero se acabó el subsidio de desempleo, luego llegaron los retrasos en la Ayuda de Integración Familiar y del Ingreso Aragonés de Inserción”, narra Francisco.




Su principal problema ahora, que es también el de la mayoría de las familias que sufren desahucios de alquiler, es que tiene deudas con la Administración, “varias multas de tráfico sin pagar”, por lo que no se podrá acoger al Convenio de vulnerabilidad en el que el Gobierno de Aragón pone a disposición viviendas sociales.


Un caso sangrante

Para Stop Desahucios, “si hay un caso verdaderamente sangrante entre las siete familias que en mayo se quedarán en la calle es el de Rakey, Kisima y sus cinco hijos, que tienen entre un mes y ocho años”. Kisima lleva en España más de 20 años, trabajó, le fue bien y se compró una casa. Luego llegó la crisis, y el primer desahucio hipotecario en el 2009. Vendió sus tierras y todo lo que tenía en Gambia para intentar salvarla.




Se quedó sin nada aquí y allí. Antes de que su mujer viniera a España, compró un locutorio. Al principio funcionó, pero finalmente tuvo que cerrarlo, lo que le generó una gran deuda. La familia le ayudó desde su país de origen. Le han enviado cerca de 30.000 euros para intentar sacar adelante a sus cinco hijos, pero afirma que “ya no tienen nada”.




En el barrio de San Pablo, la familia espera nerviosa que llegue el 15 de mayo, fecha del desahucio. “Nos vimos obligados a alquilar esta casa. Sin aval y sin contrato de trabajo nadie nos arrendaba. El alquiler asciende a 300 euros al mes por un quinto piso sin ascensor, sin cristales en las ventanas y humedades. El propietario sabía que solo percibía 600 euros del Ingreso Aragonés de Inserción, pero debido a los retrasos de mayo a enero no lo hemos cobrado y tuve que dejar de pagar”. Kisima explica que “sólo pido una vivienda social donde vivir hasta que encuentre un trabajo. Los niños no se merecen esto”.

Desesperada, Rakey le contó su situación a una amiga, quien le aconsejó que se acercara a la asamblea de Stop Desahucios. Allí encontraron cientos de historias como la suya. Kisima asegura que “el abogado de oficio no nos tomó en serio”. “Nos culpó de no haber entendido las cartas del juzgado. Mas adelante se tuvo que retractar y nos pidió disculpas. Ahora somos nosotros los que enseñamos las leyes y los convenios a gente que está en nuestra situación”, afirma orgulloso el matrimonio.

Cada lunes, en la oficina situada a un par de calles de su casa, comparten su experiencia con personas como Carlos, que vive con su pareja y su hijo de 17 años, y que no cumplen los requisitos para entrar en el Convenio, pese a no tener recursos. Allí también ha acudido Julio, que ha conseguido el aplazamiento hasta mayo de su desahucio por alquiler del piso en el que vive junto a su mujer, dos hijos y un nieto. Han conocido a Mustafa y su hermano, que han sido considerados por la Administración como no “viviendables” al ser ambos adultos. Y a Esther, víctima de violencia de género, que alquilaba un piso junto a su hijo y su nuera, y actualmente se encuentran a la espera de recibir una vivienda. O a Yolanda, con su marido y cuatro hijos, quienes tienen deuda pública por no pagar la seguridad social de autónomos.





Un Convenio de vulnerabilidad “excluyente”

En junio de 2013, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) firmaron un convenio de colaboración para “la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social”.




Sin embargo, Stop Desahucios considera que los criterios para determinar la vulnerabilidad “son, de entrada, excluyentes”. El ejemplo que dan es muy ilustrativo: “Si no tienes hijos menores de tres años o eres familia numerosa te quedas fuera”.




También critican que “al no ser una ley, no es vinculante para los jueces, por lo que el convenio está sujeto a que se aplique o no dependiendo del juzgado en el que caiga”. Señalan, además, que “hay mucha falta de información, muchos abogados de oficio desconocen su existencia y en el primer año de funcionamiento los jueces sólo han detectado un centenar de casos de posible vulnerabilidad y finalmente solo han cumplido los requisitos la mitad”.




A todo lo anterior hay que añadir que si finalmente la familia es considerada vulnerable pero tiene alguna deuda con la Administración (Hacienda, Seguridad Social…) finalmente no se le da solución de alquiler social. Para Stop Desahucios, “esto es lo más absurdo. La deuda pública lo que está haciendo es dejar sin resolver los desahucios de todas estas familias, es evidente que si no puedes afrontar el alquiler, menos todavía una multa de tráfico, el impuesto de basuras o la factura del agua”, ejemplifican.




“Para rematar”, apuntan desde la plataforma, “ la aplicación del Convenio tiene coste cero para el Gobierno de Aragón, porque no hay dotación humana, los propios funcionarios que ya trabajaban en Vivienda son los que están asumiendo este trabajo extra, no se ha contratado ni formado a nuevo personal. El parque público de viviendas es escaso y la bolsa de vivienda social de la Administración Autonómica tiene una lista de espera de 4.000 familias”.