“La infanta estaba estratégicamente colocada en una trama organizada de desvío de dinero”

Raúl Burillo (Zaragoza, 1963) era delegado de la Agencia Tributaria en Baleares cuando comenzó la investigación de Caso Nóos. Fue una de las personas que tuvo en sus manos los primeros documentos de la operación y asegura que, desde el principio, sabía que lo que tenían era algo importante. Deja claro que la labor de la Agencia Tributaria es luchar contra el fraude tributario, y que lo de la corrupción es una cuestión de auxilio judicial.

Cree que la sentencia es blanda porque les absuelve de delitos de malversación, lo que implica “no tener que devolver el dinero”. Y destaca, como curiosidad, que cuando llega el turno de la infanta en la sentencia, se omite la palabra ‘condeno’.

¿Cómo empezó su relación con el Caso Nóos?

En 2005, como delegado de la Agencia Tributaria en Baleares, nos dieron instrucciones de ayudar en todo lo posible a los fiscales en cualquier tema de corrupción. Un asunto llevó a otro y terminamos con cerca de 30 casos. Ante tal magnitud, lo que hicimos fue crear un equipo de gente especializada que asumiera todo el trabajo y se especializase. Uno de los asuntos que investigábamos fue el llamado Palma Arena. Lo de Urdangarin era simplemente un caso más.

¿Desde el primer momento eran conscientes de que lo que tenían era importante?

Todo lo que teníamos era importante. Investigábamos asuntos relacionados con consejeros autonómicos, con el presidente de Baleares, con la presidenta del Consell Insular… Hoy ha cambiado la perspectiva de la corrupción. Ahora sabemos que es un tema general, la gente está acostumbrada a decir ‘un caso más’, pero cuando empezó, Baleares fue pionera en estos asuntos. Cuando teníamos entre manos esos expedientes nos sorprendía estar investigando temas de tantísimos millones que se habían desviado de la función pública. Era algo que nos parecía excepcional.

Después ya vimos que el sistema era corrupto. Sobre todo porque había dos tipos de corrupción: de abajo a arriba, que es la que afecta, por ejemplo, a un alcalde por algo propio; esa no se extiende, es algo puntual. Pero la nuestra era la que de arriba se extiende a abajo y llega a todos. Porque cuando el sistema se da cuenta de que está enfermo lo de arriba, que el que no lo hace es tonto, pues se extiende. Vimos un sistema corrupto, en el que investigaras por donde investigaras siempre encontrabas algo. Todos los que estaban relacionados, los profesionales que hacían posible el fraude eran siempre los mismos, los mismos despachos, los mismos asesores…

¿Encontraron trabas en la investigación?

No, realmente fue muy fácil. Cuando se investiga judicialmente todo queda a disposición del juez, muchos asuntos son piezas secretas, nadie lo ve y así da gusto avanzar. Teníamos buena relación con la Policía, con el fiscal Horrach, se hacía fácil el trabajo. Trabajamos bien y a gusto. Llega un momento en el que el juez levanta el secreto de sumario, los abogados tienen la información, se la pasan a la prensa y empiezan a hacerse públicos informe de unos y otros.

En los últimos años, hubo prensa claramente afín a los corruptos que jugaron su papel en defensa de los corruptos y del sistema. La corrupción se sostiene, en gran medida, creando barro y humo. Diciendo ‘estos señores no saben investigar’, ‘lo hacen presionados por el partido’, desprestigiando. Desprestigiar a investigadores, jueces, fiscales ha sido uno de los instrumentos recurrentes de los partidos políticos en el tema de la corrupción. Siempre se ha desprestigiado a los investigadores usando medios de comunicación afines. Cuando se empieza a investigar, en las primeras noticias se cierran en banda. La segunda fase es la presión mediática a jueces y fiscales, y eso lo vivimos allí también.

¿Cree que la sentencia es justa?

La sentencia me preocupa mucho por el criterio que establece en cuanto a qué es y cuándo se produce la malversación de fondos públicos. Esa es la clave. La sentencia no es blanda porque la penas lo sean, sino porque les han absuelto de muchos delitos de malversación. En el tema de los foros, que tanto se ha hablado sobre ellos, el Tribunal ha considerado que no había delito de malversación, eso supone que no se les condena, pero, sobre todo, supone que no hay que devolver el dinero. Sabemos que se organizaban eventos casi ficticios en cuanto a su coste y no se ha considerado delito de malversación.

Como consecuencia de ello, hay unas penas relativamente muy bajas en conjunto, y eso hace que se pida una fianza casi simbólica para no entrar en la cárcel. Que Urdangarin no entre en prisión no es culpa del fiscal, es la consecuencia lógica de una sentencia. Con esta sentencia el fiscal no puede exigir cárcel.

¿Y en el caso de la infanta?

Aquí lo verdaderamente difícil era que llegara a estar sentada. Lo que ahora se podía haber planteado en la sentencia era si estaba bien sentada. Y se ha demostrado que sí. En primer lugar, porque ella podría haber dicho que era una injusticia que estuviera sentada, si no hubiera habido ningún condenado por delito fiscal, pero se ha condenado a su marido por dos delitos fiscales.

Y hay más: el instrumento usado para la defraudación es un velo societario, es decir, interponer una sociedad. El delito fiscal es por lo que se llama, técnicamente, levantamiento del velo, levantamiento de la sociedad interpuesta. Esta sociedad la formaba con su mujer al 50 % cada uno. En estas condiciones está más que justificado que hubiera que investigarla, en primer lugar, y, posteriormente, se ha demostrado que había elementos suficientes para considerar que podía ser partícipe.

Hay una cosa curiosa en la ‘no condena’. Ella está condenada por participación a título lucrativo, es decir, por haberse quedado con el dinero de un delito. En la sentencia llama la atención que, en todos los casos (como es habitual), el juez dice ‘debo condenar y condeno a….’, en todos los casos, con Urdangarin, Matas, etcétera. Pero cuando llega la infanta, que está condenada aunque no sea a cárcel, se cambia la fórmula, se omite el ‘condeno’. También pasa con Ana María Tejeira, la esposa de Diego Torres. Y no existe ninguna razón para hacerlo.

¿Cree que la condena es justa?

Creo que había elementos más que suficientes para poder haberla condenado, aunque la condena que hubiera procedido no tenía que ser nunca superior al año. La petición de ocho años de Manos Limpias estaba absolutamente fuera de lo que correspondía al delito cometido. Lo que ocurre es que cuando un juez condena, lo hace, en parte, por lo que ve en el juicio oral, y ahí faltó un buen peritaje de la acusación. No fue contundente este peritaje. Para que hubiera una condena a esta señora, todo pasaba por un tema muy técnico, y era explicarle a los jueces cuál era verdaderamente su participación, y para eso es fundamental un buen peritaje.

Hubo mucha contundencia en demostrar que no había participación activa, un dolo. Ella, en su derecho, lo negó todo, y había que haber puesto de manifiesto una serie de condicionantes que ponían muy en duda que no tuviera conocimiento. Y no solo porque tenga estudios y sea economista, sino porque había elementos muy básicos para decir que era consciente de a qué se dedicaba la sociedad de su marido. Además, una infanta de España siempre tiene un asesoramiento. Su papel no está solo en Aizoon, sino también en el Instituto Nóos, es decir, está tanto donde entra el dinero como donde sale. Estaba estratégicamente colocada en una trama organizada de desvío de dinero.

Hay que tener en cuenta que la única acusación que hay es de Manos Limpias; ni la abogada del Estado, ni el fiscal, ni la Agencia Tributaria la han acusado. Y Manos Limpias no podía poner toda la carne en el asador porque, a la vez (casualidad, o no), estaba siendo investigada.

¿Cree que ha salido todo? ¿Puede haber cosas que se han quedado por el camino?

De este tema concreto, creo que ha salido prácticamente todo. Pero está la posibilidad de que determinadas cantidades de dinero se hayan percibido en territorios con opacidad fiscal. Al no salir, siempre cabe la duda de si existen, o no, o de si se han investigado lo suficiente. O, incluso, de si correspondía al juez investigarlo, porque una cosa es que investigues un caso concreto como el Palma Arena, y otra que termines investigando hasta la última consecuencia de cualquiera de las personas que aparecen. No convertirlo en una causa general impide que se pueda investigar hasta el último movimiento de fondos.

Hay una lectura política, aparte de la judicial, y es cómo se financian determinadas vías de poder. Debemos recordar que el marqués de Villaverde, que era yerno de Franco, estaba en cientos de consejos de administración. Un yerno de la Jefatura del Estado fue capaz de hacerse, según investigaciones periodísticas, con un patrimonio de 100.000 millones de pesetas.

Pero la vía de financiación de los yernos sigue haciendo historia, porque el señor Marichalar también participa en muchos consejos de administración. Lo que pasa es que lo que se llega a estudiar en el ámbito judicial es, exclusivamente, el dinero público. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, los investigadores llegaron a la conclusión de que ese entramado se había hecho con unos 17 millones de euros, de los que solo 6 eran dinero público, es decir, al juzgado solo fueron esos 6. Los otros 11 fueron pagados por muchas empresas privadas. Por tanto, empresas privadas pagan importantes cantidades de dinero a cambio de nada, pero ninguna ha considerado que le estuvieran estafando. O sea, a muchas empresas privadas les parece bien pagar dinero a cambio de nada. Hay yernos de los jefes de Estado que parecen cobrar a cambio de nada sin que al que paga le parezca mal.