Un vecino de Málaga deberá ingresar en prisión por enganchar el agua
Justo Rodríguez, un vecino del barrio malagueño de La Palmilla, deberá ingresar en prisión por enganchar ilegalmente su vivienda a la red pública de agua. Rodríguez fue condenado en 2013 al pago de una multa de 360 euros, que dice no poder pagar. Como pena subsidiaria la sentencia contempla el ingreso en prisión durante 45 días. El hombre tiene cinco días desde que le fue notificada la resolución para ingresar voluntariamente en prisión: si no lo hace, se dictará orden de búsqueda y detención.
El caso de este vecino es uno de los muchos que saltaron a la luz pública hace más de dos años. Cerca de 1.800 vecinos de La Palmilla acumulaban deudas de varios miles de euros con EMASA, la empresa pública de aguas, después de años de conexión irregular. EMASA inició a principios de 2013 un proceso para el cobro de esas cantidades, presentando documentos de reconocimiento de deuda a los supuestos deudores. Estos alegaron entonces que gran parte de aquellas deudas no eran suyas porque se habían generado antes de ocupar sus viviendas. El barrio presenta unos altos índices de pobreza y exclusión, y en muchos casos es imposible determinar en qué momento los ocupantes comenzaron a habitar cada domicilio. Llegaron a denunciar coacciones y engaños de la empresa encargada de la gestión de los cobros.
El ayuntamiento de Málaga intervino y se alcanzaron acuerdos extrajudiciales, de modo que las cantidades adeudadas se fueran abonando en cuotas mensuales. Sin embargo, EMASA ya había presentado demandas civiles y algunas denuncias por la vía penal por las conexiones ilegales, que desembocaron en sentencias condenatorias como la de Justo Rodríguez: 360 euros por conectar ilegalmente su casa a la red de agua. En su día, el ayuntamiento ya advirtió de que no podía paralizar los procedimientos penales ya iniciados.
Rodríguez, que debía 4.000 euros, regularizó su situación en 2013: asegura que cuando llegó la conexión ya existía, que alcanzó a un acuerdo con EMASA para el pago de 10 euros mensuales (hasta un total de 1.000; el resto fue condonado) y las cantidades consumidas a partir de entonces y que está al corriente de sus deudas. “Aquí nunca ha habido contadores. Se lo garantizo”, insiste mientras señala los aparatos instalados en 2013. “Esto está dejado de la mano de Dios”, dirá más adelante.
Pese al acuerdo, el juzgado dictó sentencia de condena por el enganche y el Consejo de Ministros del pasado 10 de julio denegó su solicitud de indulto. La resolución judicial, que le fue notificada el 21 de julio, le da cinco días hábiles para ingresar voluntariamente en prisión, sin que el posible recurso tenga efectos suspensivos. Pese a todo, ha presentado un escrito solicitando el aplazamiento. Como tiene antecedentes penales, no podrá esquivar la cárcel salvo que pague. Los vecinos han iniciado una colecta para reunir el dinero. “Yo quiero pagar las deudas, pero que me quiten la multa...”.
Él asegura que el concejal y los representantes de EMASA le prometieron en su día que no ingresaría en prisión. “No he tenido otro remedio que disponer de agua. Yo debo tener lo básico en una casa, porque tengo siete hijos y 24 nietos”. Esa prole come habitualmente en casa de Justo Rodríguez, que ahora trabaja como jardinero. El abogado que le representa gratuitamente entiende que la pena de prisión es extemporánea porque el deudor y EMASA ya llegaron a un acuerdo, y pide que la empresa solicite la paralización de los procedimientos penales iniciados en su día contra los vecinos que regularizaron su situación. Según asegura, dos vecinos han ingresado en prisión por hechos similares y otros 40 están a la espera de que se ejecute la sentencia.
