La pelea por devolver las instituciones a la gente continúa, cada día más del lado del común que de quienes las han secuestrado para sus intereses. El Ayuntamiento de Madrid es una de las plazas clave que sigue abriendo brecha en esta batalla, una decisiva por su papel simbólico y material (es la ciudad española que gestiona un mayor presupuesto). No sólo ha sido la ciudad que más ha reducido su deuda (tanto en tiempo como en cantidad), sino que ha aumentado las inversiones y el gasto social. El Ministerio de Hacienda, haciendo uso de la Ley Montoro, ha exigido al ayuntamiento que haga un recorte de 238 millones, aduciendo que sobrepasan el techo de gasto impuesto por el ministerio. Todo ello a pesar de que ya han reducido en más de 1000 millones la deuda que dejaron los buenos gestores del Partido Popular a su paso.
Madrid podría haberse rendido o echado a un lado, pero ha decidido mantener sus presupuestos al servicio de la gente. Defender una política económica alternativa, eficaz, justa y sostenible, a la vez que defendía la autonomía municipal. Y para ello se ha valido de quienes, a pesar de sus numerosas contradicciones y límites, mejor están velando por los derechos de la sociedad: los tribunales. Unos tribunales que ya han defendido el común antes en numerosas ocasiones, como hicieron frenando las cláusulas suelo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado públicamente que planea incumplir la regla de gasto impuesta por el ministerio de Hacienda. Priorizarán el pago de servicios sociales frente a los intereses de la banca, en palabras de su concejal de Economía. Esto lo puede hacer porque, de forma eficaz y demostrando una gestión intachable, han reducido una deuda heredada por el anterior gobierno.
Día a día observamos cómo cada vez son más los municipios que, a pesar de reducir con esfuerzo unas deudas que se encontraron al llegar, no pueden reinvertir su superávit en inversiones o políticas sociales. El Ministerio de Hacienda sin embargo quiere seguir empleando la deuda como un mecanismo de control, y obligar a los ayuntamientos a reducir sus gastos. Con una ley Montoro a todas luces injusta e ineficaz. Una ley que han denunciado todos los municipios, sin importar quien la gobierne cada ciudad. Pero que lamentablemente ha sido mantenida por el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso, a pesar de las promesas electorales pasadas campañas. A pesar de que en todos aquellos municipios que gobiernan, como Málaga (con un alcalde popular) han pedido que esta ley y su techo de gasto sea derogada.
Este es un combate político prioritario, que no debería excluir la coordinación con otros ayuntamientos, y fuerzas estatales, así como la movilización popular en defensa de lo avanzado y por no retroceder. Ya han sido muchos los municipios y ayuntamientos que, bien a través de la FEMP, bien a través de organismos rebeldes como la Red de Auditoría contra la Deuda Ilegítima, se están coordinando para dar esta batalla central.
Los Ayuntamientos de Madrid y Badalona responden ante sus ciudadanos y los ponen en el centro. Han demostrado que gestionan mejor y que adelantan el país, una idea de orden nuevo, con una economía al servicio de la gente. Son la vanguardia de un movimiento que, sin duda, se sumarán muchos otros municipios que desean librarse de las garras de una ley injusta, que asfixia a los ayuntamientos y, por ende, a la ciudadanía.
Cristian Gracia Palomo, politólogo y miembro de la Red por la Auditoría contra la Deuda Ilegítima.
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