El Parlamento andaluz aprueba la Ley de Participación Ciudadana que regula las consultas populares

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Podemos y Cs y la abstención de IULV-CA, la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que desarrolla el derecho a la intervención directa en los asuntos públicos y lo hace extensivo a los mayores de 16 años, así como regula las consultas populares e impulsa en la comunidad autónoma nuevas formas de democracia directa complementarias del modelo representativo.

Durante el debate final de la ley, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha considerado que dicha normativa supone “un reto inédito” en el panorama nacional, dado que ninguna comunidad tiene una ley de estas características. Ha asegurado que la Junta “no parte de cero” porque ya cuenta con la Ley de Transparencia y ha dicho que desde el PSOE-A son muy conscientes de que la democracia representativa es “imprescindible”.

Tras apuntar también que dicha norma supone un “salto de calidad en democracia” para tener una ciudadanía “activa”, ha destacado que la democracia es de “doble dirección” y ha agradecido todas las aportaciones que han hecho los grupos, subrayando que la gran mayoría de las enmiendas de la oposición han sido aceptadas.

Por su parte, el diputado del PP-A Adolfo Molina ha destacado el importante grado de entendimiento entre los grupos aunque ha lamentado que tres de las enmiendas de su grupo no hayan sido aceptadas porque “mejorarían la forma de gobernar en Andalucía”. Éstas pedían la provincialización del Presupuesto de la Junta para que sea “real y efectiva” la participación ciudadana, y la evaluación de las políticas públicas.

El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha señalado que esta ley lamentablemente es “insuficiente” porque se refleja en su articulado “cierto miedo” a una participación de verdad, al tiempo que no se contempla la posibilidad de que se pudieran adoptar decisiones de carácter “ideológico”. Ha agregado que se regula de manera escasa y poco efectiva la evaluación de las políticas públicas por parte de los ciudadanos. En cuanto a las consultas participativas, ha criticado que no tengan “efecto práctico” porque la decisión ciudadana no vincula al sector público.

La diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha señalado que esta ley supune, sin duda, un gran avance en la democracia y surge de un amplio consenso y se puede considerar como una ley de “todo el Parlamento”. Ha señalado que Andalucía será una sociedad “más justa” porque la transparencia en la administración es fundamental para que los ciudadanos conozcan qué se hacen y puedan proponer medidas para lograr los objetivos. Ha confiado en que la participación ciudadana sea realmente efectiva y útil.

Finalmente, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Elena Cortés, ha afirmado que esta ley tiene “miedo a la participación política real y efectiva del pueblo andaluz” y que se podría mejorar. Además, ha criticado que la normativa entre en vigor a los 12 meses de su publicación en el BOJA, “por lo que acabará la legislatura y esta normativa no habrá entrado en vigor”.

Ha cerrado el debate la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha afirmado que “hoy es un día para celebrar que se profundice en la democracia de la mano de los andaluces”. Ha mostrado su agradecimiento a las más de 5.500 personas que han participado en la elaboración de la normativa, así como también a los grupos parlamentarios por un “trabajo compartido con discrepancias”.

CONTENIDO DE LA LEY

El texto, que se adapta a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, regula la ampliación del derecho de participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya recogidas en el Estatuto de Autonomía, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía.

La participación ciudadana regulada en el proyecto se ejercerá directamente o a través de entidades. Las administraciones públicas integrarán en sus actuaciones estos procesos, que podrán ser de deliberación; de elaboración de presupuestos; de proposición de políticas públicas y elaboración de normas; de evaluación, y consultas populares.

Los procesos de participación serán iniciados de oficio por las administraciones o a iniciativa ciudadana. Si bien los resultados no tienen carácter vinculante, la futura ley obligará a tomarlos en consideración y, en su caso, a motivar las decisiones de no incluirlos en las políticas.

Respecto a la deliberación participativa, el proceso se iniciará tras la decisión o adopción de una política pública, a petición de la ciudadanía y con el apoyo mínimo de 20.000 firmas si el ámbito es autonómico o del mínimo exigido en reglamentos específicos si es local. En caso de decisión favorable, deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días desde la resolución a partir del denominado Acuerdo Básico Participativo.

Por su parte, la participación en la elaboración de los presupuestos se prevé tanto para las cuentas públicas de la comunidad autónoma como para las de las administraciones locales, con el fin de que la ciudadanía pueda marcar prioridades sobre aspectos puntuales en las partidas de gasto. El texto aprobado recoge también que los procesos de proposición de políticas públicas y elaboración de normas requerirán del apoyo mínimo de 20.000 firmas.

Las consultas populares podrán llevarse a cabo mediante encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles y jurados ciudadanos y consultas participativas, de las que se excluyen asuntos de interés público de competencia autonómica o local, excluyendo todos aquellos que sean contrarios al ordenamiento jurídico y los que cuestionen la dignidad de las personas o los derechos fundamentales y libertades públicas.

Las consultas participativas podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional y de ámbito autonómico o local. Dentro de las autonómicas, las de carácter ciudadano requerirán de al menos 30.000 firmas de apoyo. La institucional deberá ser promovida por la Presidencia de la Junta, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, o cuando exista consenso de un mínimo del diez por ciento de los ayuntamientos de la comunidad y siempre que representen en su conjunto a una población superior a los 500.000 habitantes mayores de 16 años.