A vueltas con la 'Operación Chamartín': un paso adelante, dos atrás

A finales de julio, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y el BBVA (a través de DCN) cerraban el enésimo acuerdo para desbloquear la muy manoseada Operación Chamartín. La presentación de las bases de ordenación de la misma es un hito más en una dilatada historia cuyos inicios se remontan a los primeros años de la década de los 90: más de 25 años dando vueltas, apareciendo y desapareciendo como el Guadiana. ¿Es ésta la última foto? El tiempo lo dirá, pero bueno es, dada la experiencia, albergar muchas dudas al respecto.

En su larga trayectoria, la operación ha serpenteado por los despachos de las diferentes administraciones imponiendo cambios en la legislación urbanística y en el planeamiento de la ciudad. Sería prolijo hacer aquí el recuento. Vale con acudir a la hemeroteca. El dato destacado es que todos los cambios han estado presididos por un único hilo conductor: que las cuentas del BBVA, secundado por la Constructora San José, cuadren.

Otros objetivos que los publicistas-apologistas divulgan han tenido una importancia menor o son simples velos para tapar el objetivo prioritario. Así, por ejemplo, se habla de la urgencia de disponer de una nueva estación de ferrocarril. ¿Urgente? ¿Y llevan 25 años y los que quedan para abordarla? No nos engañemos, de lo que un día sí y otro también se ha tratado ha sido de la rentabilidad económica de una macroactuación que antes que inmobiliaria es una operación de altas finanzas.

De ahí que el gran tema a debate siempre haya consistido en la edificabilidad, es decir, cuántos metros cuadrados levantar. Una vez el discurso está dominado por los intereses económicos de un as de la economía de casino, la conclusión cae por su propio peso. A más edificabilidad más plusvalías. La segunda parte del argumento no es menos simplista: no vale construir cualquier producto inmobiliario, hay que apostar por los más lucrativos.

Esos, según cada etapa del ciclo económico-inmobiliario, varían, de modo que hay que buscar una combinación adecuada de viviendas de alto standing y terciario cualificado. No obstante, si la distribución de usos que se decide no es la óptima en términos económicos, existe una solución expeditiva: se vuelve a revisar la legislación y/o el planeamiento.

Las organizaciones vecinales y ecologistas de la ciudad reiteradamente han cuestionado la Operación Chamartín, junto a otras como las que afectan a los terrenos de Campamento (en el distrito de Latina) o los Desarrollos del Sureste. Antes de las últimas elecciones municipales, planteamos a los partidos que concurrían la firma del Pacto contra la Especulación Urbanística. Entre otros, Ahora Madrid (AM) lo suscribió, asumiendo el compromiso de revisar estas actuaciones. Y, en efecto, una vez en el gobierno municipal, AM generó un proceso de reconducción de los parámetros de la primera.

El Área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) presentó una propuesta que contó con el apoyo crítico de las organizaciones en tanto venía a corregir muchas de las cuestiones más polémicas, entre ellas la del exceso de edificabilidad.

Pues bien, el acuerdo de julio da carpetazo al proyecto municipal y vuelve, poco más o menos, a la casilla de salida. Baja el número de viviendas, pero sube la superficie terciaria edificable. Esto es, en términos generales, se mantiene el todo y se altera el reparto entre los componentes. El nuevo proyecto reproduce el gigantismo inicial. El Ayuntamiento ha encajado una enmienda a la totalidad y sus portavoces, acogiéndose a la moda de la posverdad, lo niegan.

Nuestro cuestionamiento a la Operación en los términos que se ha acordado no se agota en la crítica al volumen desorbitado y al enorme impacto que acarreará sobre el ya grave problema de movilidad en el Norte de Madrid y en los corredores de la A-1 y la M-607. Mucha gente está hablando (entre ellas referentes como Eduardo Mangada y Félix Arias), con toda la razón, de oportunidad perdida. Sin duda, en el ámbito es necesario desarrollar un conjunto de actuaciones. Ésas no están en las bases del acuerdo e incluso algunas cláusulas del mismo las contrarían. En tal sentido, las asociaciones vecinales de la zona y la FRAVM llevan, desde 1995, demandando la inclusión de la obtención de suelos para corregir los graves déficit de dotaciones y equipamientos que sufren los barrios adyacentes y, asimismo, que se contemple de manera muy especial el arreglo de problemas como el aislamiento y abandono del barrio de San Cristóbal, la contaminación acústica en el barrio de Begoña y la eliminación de la travesía que es hoy la calle Nuestra Señora de Valverde.

Por otra parte, la mayoría de los terrenos son de titularidad pública, muchos de ellos se expropiaron en su día para el uso ferroviario. Se justifica fácilmente que las organizaciones sociales reivindiquen que en ellos se promueva un porcentaje alto de vivienda social, tanto más cuanto los organismos públicos de vivienda del Ayuntamiento (la EMVS) y de la Comunidad de Madrid (la AVS, antes IVIMA) acumulan cerca de 30.000 solicitudes a las que no están en condiciones de atender. El acuerdo, sin embargo, solo considera un 20% de viviendas con algún grado de protección, que en la práctica son viviendas para una demanda con recursos medios y medio-altos.

La Operación Chamartín tal como está concebida da la espalda a la cuestión crucial del reequilibrio territorial en el marco de la zona Norte del área metropolitana y de la propia ciudad. Si esto en general es muy criticable, que lo haga o lo permita un Ayuntamiento del cambio es sencillamente inaudito. Se incentiva la localización en el Norte de los grandes centros de negocio, la vivienda cara… Mientras, en el Sur, van las viviendas de integración social, las depuradoras, Valdemingómez, los espacios de actividad económica desiertos (como La Atalayuela en Villa de Vallecas) o con un gran número de fábricas y talleres cerrados en progresivo estado de ruina física (como La Resina en Villaverde)…

En fin, la larga experiencia de la Operación Chamartín deja el legado de un urbanismo rancio, que mira y se inspira en las viejas prácticas de (des)hacer ciudad, cuando podía y debía alumbrar las sendas de una futura urbe sostenible, cohesionada socialmente, en la que aquello de “la ciudad a escala humana” sea una meta y un curso de acción y no una mera frase bonita. No hay espacio para extenderse en este punto, valga enumerar seis aspectos que, a nuestro juicio, avalan la crítica.

1) El qué y cuánto se asigna al ámbito no se decide en función de la capacidad de carga del mismo y de las necesidades del entorno y de la ciudad, sino con arreglo al objetivo supremo de que las cuentas del BBVA cuadren.

2) Se premia la venta de suelo público, esa suerte del proceso de desamortización que amenaza con vaciar el patrimonio público en beneficio de las grandes empresas e inversores.

3) Computa como zona verde de cesión obligatoria una gran losa de hormigón.

4) el Ayuntamiento asume cuantiosas inversiones (remodelación del nudo Norte, del nudo de Fuencarral, traslado de las cocheras de la EMT…), pero la Comunidad de Madrid (que es la que en última instancia dará el visto bueno y aprobará o no a la Operación Chamartín) no asume nada, pues el BBVA asume la inversión del metro y de las afecciones sobre el Canal de Isabel II.

5) Se insiste en elegir una vía con evidentes lagunas jurídicas, ya que se está proclamando un acuerdo, siendo que el artículo 245 de la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid prohíbe los convenios y acuerdos urbanísticos.

Y 6) Una vez más la participación ciudadana es la cenicienta, pues los resultados del proceso participativo habido antes del acuerdo han sido ignorados y ninguneados.