La Universidad de Las Palmas se rebela contra el Gobierno y decide no precarizar a sus investigadores
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se ha rebelado contra la directriz del Ministerio de Empleo de cambiar los códigos de los contratos de los investigadores que trabajan en el centro mientras hacen la tesis. La institución ha decidido no modificar, como sí han hecho el resto de universidades, el código de las prórrogas de los predoctorales ni hacerlo con efecto retroactivo porque “es muy perjudicial” para ellos.
Los 20 investigadores de la ULPGC que firmaron renovaciones este año se mantienen así con un contrato 401 por obra y servicio mientras que el resto de sus pares en España tiene desde ahora el 420 –vinculado a un contrato en prácticas– y su vida laboral recoge que siempre estuvieron en esta situación aunque firmaron otra cosa, algo que los sindicatos consideran ilegal tras analizarlo, ya que el cambio se ha hecho sin avisar pero con efecto retroactivo.
“La universidad está estudiando qué supone la nueva regulación y si es obligada su retroactividad o no, y de momento se acoge a no hacerlo de modo retroactivo”, aseguran fuentes de la ULPGC consultadas por eldiario.es.
La institución no ha informado de nada a sus investigadores predoctorales, según los afectados. “No tienen información, nos hemos ido enterando de soslayo. Comisiones Obreras nos puso sobre la pista y nos queda la incertidumbre de si lo aplicarán después. Que el cambio se haga con efecto retroactivo es lo más dudoso y quizá la causa de no cambiarlo de momento”, sostiene Elena Carretón, presidenta de la Asociación de Investigadores de Las Palmas.
Carretón asume que las administraciones “juegan con la ventaja de que los investigadores no estamos muy organizados ni informados de nuestros derechos laborales”. “En vez de avanzar estamos retrocediendo en algo que ya de por sí es malo”, añade. Estos trabajadores cobran, en los mejores casos, poco más de 1.000 euros mensuales tras un duro proceso de selección público.
Los sindicatos en Canarias advierten de que la orden de la Seguridad Social “no es una resolución”. “Cuando dicen que es un cambio administrativo le están dando el mismo trato que un cambio habitual de claves cuando no lo es porque este tiene repercusiones”, interpreta Alberto Marín, secretario de Universidades de CCOO en las islas.
Un cambio “sutil con consecuencias”
El rector Rafael Robaina no ha remitido ningún comunicado oficial a sus investigadores pero sí ha manifestado en unas declaraciones que “ese cambio que parece sutil tiene consecuencias sobre la cobertura de seguros y en su incorporación al mercado de trabajo”.
Se refiere a la tarjeta sanitaria europea y a la posibilidad de que, una vez cubierto el periodo de contrato en formación, una empresa no pueda contratar a los investigadores con este mismo estatus tras salir de la universidad.
Sobre uno y otro tema ha intentado dar explicaciones el Ministerio de Empleo. En relación al primero, asegura que ningún contrato temporal tiene derecho a tarjeta sanitaria –solo a un certificado de 90 días–. La clave, explican, es que la cobertura de la tarjeta, por dos años, no puede ser superior al tiempo que le queda al contratado para cumplir la relación contractual. Es decir, que si falta un año para que acabe el contrato no puedes tener cobertura sanitaria europea por uno más.
Atendiendo al segundo foco de polémica, la Conferencia de Rectores sostiene en un comunicado que los investigadores podrán ser contratados en prácticas en el futuro, aunque ahora tengan un contrato de este tipo, que está asociado a una titulación y por tanto no puede repetirse, según la legislación vigente. Todo ello es posible, afirman, dado el “carácter especial de estos contratos”. Empleo continúa “analizándolo” sin dar una respuesta clara de momento.
Expertos laboralistas, como Adrián Todolí, advierten de que esta modificación priva de la indemnización a los investigadores al finalizar el contrato: unos 2.050 euros. Empleo y el CSIC, que concentra a un 20% de los afectados, aseguran sin embargo que los contratos predoctorales por “ser especiales” no tenían ya de entrada esta indemnización pese a ser hasta ahora por obra y servicio.
Así se gestó la modificación
La ULPGC se posiciona en la línea de la Conferencia de Rectores (CRUE) y pide “abrir la legislación” para que los contratos predoctorales “tengan cabida”. Actualmente no hay un código especial en la Seguridad Social para esta figura, creada con la Ley de la Ciencia en 2011, lo que según todos los agentes implicados está en el origen del conflicto. Precisamente por esas dudas en la codificación al no encajar ninguna exactamente con la norma la CRUE puso en conocimiento el problema a Empleo, que ordenó el cambio.
La directriz de hacerlo emana de un acuerdo entre la Seguridad Social y el Servicio de Empleo Público, publicada en el Boletín de la Seguridad Social en febrero de 2016. A partir de ese momento las universidades deben aplicar el código 420 a sus “altas”, que es lo que ha hecho la Universidad de Las Palmas, donde los nuevos contratados sí tienen estas condiciones.
Los antiguos, con contratos prorrogados, se mantienen con el 401, pese a que el Gobierno, a través de varios Ministerios, informó de un “proceso de conversión de todos los registros identificados con la clave 401 en registros con clave 420”.
El Ministerio de Empleo dice que “está analizando” si esta universidad puede decidir no aplicar las órdenes que se transmiten. La cartera que dirige Fátima Báñez se niega a hablar de efecto retroactivo, el centro de la polémica, y dice que son modificaciones “que se hicieron sobre todos los contratos vigentes”.
La universidad canaria se da tiempo para llevar la cuestión al Consejo de Gobierno y estudiar si efectivamente están obligados a aplicar esa retroactividad. “Estamos en el análisis de si son o no de obligado cumplimiento”, dice el rector, que denuncia que “sigue sin regularse el contrato de la masa de investigadores que suponen la base de la investigación”. “Por ese camino vamos mal”, concluye.
